El consejero de Medio Ambiente y Naturaleza de Melilla, Daniel Ventura, anunció este miércoles que el Gobierno de la Ciudad Autónoma está estudiando la presentación de una denuncia penal relacionada con la situación de la planta desaladora de la ciudad, al considerar que las condiciones en las que fue entregada por la Administración General del Estado podrían derivar en responsabilidades de carácter judicial.
Las declaraciones se produjeron tras una reunión celebrada el pasado martes en Presidencia, encabezada por el presidente de la Ciudad Autónoma y en la que participaron responsables de recursos hídricos y los servicios jurídicos del Ejecutivo local. Según explicó Ventura, el encuentro sirvió para analizar la evolución de un problema que, a juicio del Gobierno melillense, se arrastra desde marzo de 2024, fecha en la que la Ciudad recibió oficialmente la explotación y mantenimiento de la instalación.
El consejero insistió en que la polémica no gira únicamente en torno a los cortes de agua o a las incidencias registradas en los últimos meses, sino al estado estructural y administrativo en el que se encontraba la infraestructura cuando fue transferida a la administración local.
Críticas a la Delegación del Gobierno y al Ministerio
Buena parte de la comparecencia estuvo centrada en responder a las declaraciones realizadas por la delegada del Gobierno en Melilla. Ventura afirmó que la representante estatal está “mintiendo, manipulando a la ciudadanía o desconociendo las competencias del Estado” respecto a las instalaciones consideradas críticas.
Según defendió, la responsabilidad de ejecutar grandes actuaciones, ampliaciones o modificaciones en infraestructuras estratégicas corresponde al Estado, mientras que la Ciudad Autónoma tiene la obligación de explotarlas y mantenerlas una vez entregadas.
En este sentido, sostuvo que la desaladora fue recepcionada el 6 de marzo de 2024 mediante un acta en la que, además de formalizarse la entrega, se incorporaban dos auditorías que reflejaban numerosas deficiencias existentes en la instalación.
Ventura aseguró que esos documentos, elaborados por Sacyr Agua y Bureau Veritas, fueron aceptados y firmados por responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, quienes se comprometían a subsanar las anomalías detectadas.
“Lo importante es que los melillenses conozcan el contenido de esas auditorías y del acta de entrega”, afirmó.
Una planta sin documentación esencial
Uno de los aspectos que más preocupación genera al Ejecutivo local es, según explicó el consejero, la ausencia de documentación técnica y administrativa cuando la instalación fue entregada.
Ventura afirmó que la planta carecía de autorizaciones industriales, certificados relacionados con la seguridad y salud laboral, inspecciones reglamentarias y otros documentos obligatorios para el funcionamiento de una infraestructura de estas características.
Según señaló, esta circunstancia quedó reflejada expresamente en el acta de recepción, donde el Estado se comprometía a entregar toda la documentación pendiente antes del 31 de diciembre de 2024.
Sin embargo, el responsable de Medio Ambiente sostiene que gran parte de esos compromisos continúan sin cumplirse.
“Estamos legalizando nosotros una planta que no fue legalizada por quienes la construyeron y explotaron anteriormente”, afirmó.
Para corregir esta situación, el Gobierno de Melilla aprobó actuaciones de emergencia y ha destinado ya cinco millones de euros a trabajos de regularización, modernización y mejora de las instalaciones.
Inversiones para aumentar la producción de agua
Ventura detalló algunas de las actuaciones que actualmente se están desarrollando para incrementar la capacidad de producción de la desaladora.
Entre ellas destacó la modificación de las tres líneas antiguas de tratamiento, una actuación que permitirá incrementar la producción en aproximadamente 1.000 metros cúbicos diarios por línea.
Una vez completados los trabajos, la capacidad adicional alcanzará los 3.000 metros cúbicos diarios.
El consejero explicó que estas mejoras requieren la fabricación específica de componentes diseñados para la instalación, lo que obliga a asumir plazos de varios meses entre la fabricación, el transporte y el montaje de los equipos.
Según indicó, estas actuaciones ya estaban contempladas en la planificación de la Confederación Hidrográfica, aunque finalmente no llegaron a ejecutarse antes de la transferencia de la planta a la Ciudad Autónoma.
El problema del cuarto módulo
Otro de los principales focos de conflicto se encuentra en el denominado cuarto módulo o cuarta línea de la desaladora.
Ventura aseguró que esta ampliación, cuya construcción supuso una inversión cercana a los 30 millones de euros, no estaba operativa cuando la Ciudad recibió la instalación.
Según explicó, una vez que los técnicos consiguieron ponerla en funcionamiento se produjo una avería grave debido al fallo de determinados elementos que ya habían presentado problemas similares en otras plantas desaladoras.
Tras analizar la situación, los especialistas decidieron retirar dichos componentes por razones de seguridad, dejando el módulo inoperativo hasta la llegada de nuevos materiales.
El consejero informó de que los elementos de sustitución ya han sido reclamados tanto a la Confederación Hidrográfica como a la empresa responsable de las obras, aunque los plazos de fabricación podrían situarse entre diez y doce meses.
“Si ese módulo estuviera funcionando y además contáramos con la nueva línea eléctrica, hoy estaríamos en una situación completamente distinta”, aseguró.
La promesa incumplida del agua las 24 horas
Durante su intervención, Ventura recordó que desde hace años los sucesivos planes hidrológicos contemplaban que Melilla alcanzaría una producción de entre 30.000 y 32.000 metros cúbicos diarios de agua desalada.
Esa capacidad, según explicó, permitiría garantizar suministro continuo las 24 horas del día y una mejora sustancial de la calidad del agua distribuida a la población.
El consejero afirmó que tanto la Confederación Hidrográfica como el Ministerio trasladaron reiteradamente a la Ciudad que estos objetivos se alcanzarían inicialmente en 2023 y posteriormente en 2024.
Sin embargo, denunció que los compromisos no se han materializado.
“Nos dijeron que tendríamos agua las 24 horas y agua de calidad. Eso era lo que reflejaban los documentos de planificación hidrológica. No se ha cumplido”, manifestó.
El terciario: 4.000 metros cúbicos diarios que terminan en el mar
Ventura también denunció la situación de la estación de tratamiento terciario de aguas regeneradas, una infraestructura cuya utilización continúa pendiente de autorización por parte de los organismos competentes.
Según explicó, la instalación podría aportar actualmente hasta 4.000 metros cúbicos diarios destinados al riego de jardines, zonas verdes y limpieza viaria.
Sin embargo, la falta de autorización impide su aprovechamiento, provocando que esa cantidad de agua acabe vertiéndose al mar.
A juicio del consejero, la utilización de estos recursos permitiría liberar una parte importante del agua potable que actualmente se destina a usos no domésticos.
“Son 4.000 metros cúbicos diarios que podríamos ahorrar y destinar al consumo humano”, afirmó.
Una nueva línea eléctrica pendiente de ejecución
La mejora definitiva del sistema depende también de la construcción de una nueva línea eléctrica para alimentar la desaladora.
Ventura señaló que la Confederación Hidrográfica continúa trabajando en esta actuación, aunque estima que todavía podrían pasar entre ocho y diez meses antes de su finalización.
Además, advirtió de que la ejecución de las obras podría generar nuevas dificultades operativas, ya que la nueva infraestructura deberá instalarse en el mismo canal por el que discurre actualmente la línea en servicio.
Esta circunstancia obligará a retirar la instalación existente para colocar la nueva, una operación que podría requerir múltiples paradas de la planta y aumentar el riesgo de incidencias técnicas durante los trabajos.
Los cortes de agua, una consecuencia de las obras
El consejero aprovechó su comparecencia para justificar los cortes de suministro registrados en las últimas semanas.
Según explicó, las interrupciones no responden a averías imprevistas sino a la necesidad de realizar trabajos de mejora y sustitución de equipos esenciales para el funcionamiento de la desaladora.
Entre las actuaciones realizadas citó la renovación de nueve armarios eléctricos de alta tensión, una operación que obligó a detener temporalmente la producción.
Ventura defendió que estas paradas son imprescindibles para garantizar la modernización de la instalación y evitar problemas mayores en el futuro.
“Si queremos mejorar la planta, hay que pararla para trabajar en ella”, afirmó.
Asimismo, explicó que durante las jornadas de intervención es necesario limitar el consumo para garantizar reservas suficientes que permitan recuperar el suministro al día siguiente.
Reclamaciones económicas y posible vía judicial
Además de la posible denuncia penal, el Gobierno de Melilla ya trabaja en una reclamación administrativa para exigir al Estado la devolución de las inversiones realizadas.
Según avanzó Ventura, la Ciudad Autónoma ha invertido ya cinco millones de euros en actuaciones que considera responsabilidad del Ministerio y de la Confederación Hidrográfica.
La previsión es que esa cifra continúe creciendo durante los próximos años hasta alcanzar aproximadamente los 12 millones de euros.
El consejero argumentó que los recursos destinados por la administración local han servido para corregir deficiencias preexistentes que debían haber sido solucionadas antes de la entrega de la infraestructura.
Respecto a la vía penal, explicó que el Ejecutivo ha optado por actuar con prudencia para evitar posibles consecuencias que pudieran afectar al funcionamiento de la planta.
No obstante, considera que la ausencia de documentación obligatoria y las condiciones detectadas en la instalación podrían justificar la existencia de responsabilidades más allá del ámbito administrativo.
Ventura acusa al Gobierno central de “abandonar” a Melilla
En la recta final de su intervención, Daniel Ventura elevó sus críticas hacia el Gobierno central, al que acusó de haber dejado sola a la ciudad frente a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.
El consejero aseguró que el presidente de Melilla trasladó formalmente la situación al Ministerio para la Transición Ecológica mediante una carta remitida en marzo de 2025, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta.
Asimismo, lamentó la falta de coordinación institucional y reprochó a la Delegación del Gobierno su ausencia en la búsqueda de soluciones.
Pese a sus acusaciones, Ventura quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y defendió el trabajo realizado por los técnicos y responsables implicados en la gestión del sistema hídrico.
Según concluyó, el objetivo del Gobierno local sigue siendo el mismo: disponer de una desaladora plenamente operativa, aumentar la producción de agua y garantizar a los melillenses un suministro estable y de calidad durante las 24 horas del día.
