¿Existe en Melilla un Puesto de Control Sanitario (PCS) para los posibles productos alimenticios marroquíes que puedan entrar en la ciudad por la aduana, una vez se restituya el paso que Marruecos eliminó unilateralmente en agosto de 2018? Por ahora no hay una certeza oficial de que Melilla haya sido dotada de esa infraestructura, según distintas fuentes empresariales consultadas por El Faro, como son las publicaciones oficiales de la Administración española.
La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, afirma que está “recién autorizado” pero hay todavía muchas incógnitas al respecto, dada la opacidad con que la Delegación del Gobierno está tratando de esquivar los datos.
Lo primero que se puede destacar es que El Faro no ha podido encontrar ninguna publicación oficial sobre el PCS Puerto de Melilla Sanidad Exterior, tal como aparece en la aplicación Trace. Ello aún cuando todos los Puntos de Control Fronterizo (PCF) -antaño denominados PIF- así como los PCS, son publicados en una Orden o Resolución del Departamento del Ministerio correspondiente, en este caso, el de Sanidad.
La única referencia que hay hasta ahora en la página del Ministerio de Sanidad (actualizada el 7 de agosto de 2024) es la relativa al PCS sito en la primera planta de la antigua Estación Marítima, donde hoy se encuentra ubicada la Comandancia Naval de Melilla y en el mismo se detalla que solo se pueden inspeccionar productos de origen no animal en las instalaciones del Puerto. Se puede comprobar en este enlace
Expertos consultados por este diario considera “muy extraño” que si se ha autorizado un nuevo PCS en Melilla no se haya publicado oficialmente por el Ministerio. Y tampoco se ha podido comprobar oficialmente que en el citado PCS se puedan llevar a cabo inspecciones de productos de origen animal (pescados, crustáceos, mariscos, etc.) procedentes de terceros países. De hecho, en el autorizado hasta el momento solo se permitía el control de verduras, frutas y otros productos de origen no animal con una obligación de tránsito bajo control aduanero para los llegados por la frontera terrestre.
Por otro lado, las mismas fuentes han llamado la atención sobre el hecho de que, según la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, dicha autorización como PCS en Melilla se haya otorgado a las instalaciones de una empresa particular en el puerto de Melilla y, por ello, se niega a facilitar la información.
En este caso, solo cabe la posibilidad que las instalaciones sean las de la empresa Kayo Comerce, S.L. que, según información a la que ha tenido acceso este periódico, cuya concesión administrativa fue validada por la Autoridad Portuaria, tras haber sido solicitada el día 30 de agosto de 2021 por la referida empresa referida.
El informe-propuesta para el otorgamiento de concesión administrativa para la ocupación de dominio público portuario se hizo en base a que la actividad a realizar es una operación de intercambio del modo marítimo al terrestre que consiste en la entrada de las mercancías a la zona de servicio del puerto por vía marítima, su desembarque desde un buque o medio flotante a tierra o a un medio de transporte terrestre y salida de éstas o sus productos derivados por vía terrestre.
En este caso, la mercancía desembarcada se realizaría a través de una terminal de mercancías y PIF dedicada a uso particular, otorgada en concesión, no abierta al tráfico comercial general, en la que se van a inspeccionar, manipular y despachar mercancías propiedad del titular de la misma.
Tras varios años en vigor la concesión no se ha inspeccionado, manipulado y despachado previa descarga de un buque un solo kilo de pescado, mariscos y productos cárnicos en esa instalación incumpliendo, por tanto, las condiciones aceptadas por el concesionario de realizar un volumen de tráfico anual mínimo de 2.100 toneladas.
Por eso, nuestras fuentes han dejado de manifiesto que la posible excusa de que la aduana estaba cerrada “no es válida, puesto que su compromiso era la descarga de la mercancía desde un buque y en nada afecta el que la aduana comercial terrestre estuviese bloqueada por Marruecos”.
Otro posible incumplimiento de las condiciones de la concesión es que en estos años no ha obtenido la autorización -que era el objeto de la concesión- como Puesto de Inspecció Fronterizo (PIF) cuya denominación ha sido cambiada por los actuales Puestos de Control Fronterizo (PCF o BCP en versión inglesa), que son autorizados por la Unión Europea a petición del país en el que se vayan a instalar.
Normalmente, las instalaciones de los PCF corresponden a las Autoridades Portuarias y a los aeropuertos y la gestión de los mismos para las manipulaciones a realizar con las mercancías a inspeccionar se sacan a licitación pública y con tarifas aprobadas por la Administración. En algunos casos excepcionales, en concreto para la inspección de animales vivos como el ganado, se puede autorizar la inspección en unas instalaciones especiales constituyendo un Centro de Inspección Asociado pero siempre asociados a un PCF (antes PIF) que no ha existido ni existe en Melilla.
Si la concesión otorgada por la Autoridad Portuaria es de uso particular no abierta al tráfico comercial y destinada para inspeccionar, manipular y despachar mercancías propiedad del titular de la misma, la pregunta es obvia: ¿cómo es posible que se designe como PCS estas instalaciones privadas y de uso exclusivo de su titular y que, posiblemente, haya incumplido las condiciones de la misma?
¿Qué razón puede alegar la delegada del Gobierno por no haber impulsado ante Puertos del Estado y el Ministerio de Sanidad durante años la adecuación del local en el Tinglado nº 5 de la Autoridad Portuaria utilizado por Sanidad y adecuarlo a los requisitos exigidos desde diciembre del 2.020 a los PCF?
Lo cierto es que, tras muchos rechazos al proyecto por parte de Sanidad, desde el último trimestre se vienen realizando esas obras a cargo de la Autoridad Portuaria y se espera estén finalizadas en unos tres o cuatro meses. ¿Se anulará el anunciado PCS a un particular cuando se acaben las obras que realiza este organismo portuario para el Ministerio de Sanidad?
Se supone que al personal de esta empresa privada que va a manipular las mercancías se les exigirá el obligatorio carnet de manipulador de alimentos, ¿o eso tampoco se ha contemplado al autorizar esas instalaciones como PCS?
Dada la gran cantidad de dudas que ofrece este asunto del PCS, la Delegación del Gobierno en Melilla debe dar explicaciones. De lo contrario, se podría estar favoreciendo los intereses de un particular al que se le encomienda la manipulación y/o almacenamiento de mercancías a inspeccionar sin saber la razón de ello ni las tarifas que esta empresa puede aplicar a los usuarios del PCS que debería ser público como en el resto de España.
¿Por qué tanta prisa en crear y anunciar este nuevo PCS después de años de no haber movido un dedo para ello? Nuestras fuentes creen que debe formar parte de “la hoja de ruta diseñada para la fallida reapertura de la aduana comercial y lo único que le interesa es apuntarse el tanto político de que los melillenses -gracias a ella- podremos volver a consumir pescado fresco de Marruecos”, tal y como presumió en la última rueda de prensa.
Estas “prisas” deben formar parte de “la famosa aduana del siglo XXI que, como todo lo relativo a reapertura de la aduana y recuperación del régimen de viajeros, está bajo permanente sospecha ante la falta de transparencia informativa por parte de la titular de la Delegación del Gobierno en Melilla”, concluyen nuestras fuentes.
Si no lo han empleado para otros menesteres, hace ya algún tiempo, que se construyó el “Puesto de Control Sanitario”, para los posibles productos alimenticios de cualquier País, que así este establecido.