La situación de la cubierta de la escuela infantil del colegio Real puede terminar con el cierre del centro, si así lo determina la Fiscalía, ante la que la que han realizado esa solicitud alrededor de 150 familias afectadas. Éstas han venido manifestándose en la puerta del colegio en los últimos días pidiendo la retirada del amianto del techo por entender que es un peligro para la salud de los alumnos.
El escrito fue presentado oficialmente en la Fiscalía melillense el pasado miércoles, según ha asegurado el presidente de la Federación de Madres y Padres del Alumnado (FAMPA), Joan Casares. Éste también ha señalado que se ha abierto el correspondiente expediente.
La solicitud de cierre del colegio de Educación Infantil Real fue acordada por unanimidad de todos los progenitores asistentes a una reunión celebrada el martes en su salón de actos en la que también se pudo reactivar la AMPA de este centro educativo público a raíz de la caída del techo en un aula con alumnos de 4 años, la segunda en menos de un año.
Casares ha destacado la preocupación que esta situación ha provocado en la comunidad educativa del colegio porque consideran que el ambiente en el que están sus 250 alumnos matriculados es “peligroso”, de ahí que la solicitud de cierre ante la Fiscalía de Menores saliera adelante por unanimidad.
Además, la FAMPA ha solicitado a la fiscal encargada del caso que se haga un informe independiente del estado del centro o que se encargue una medición de amianto, ya que “eso es lo que de verdad va a despejar las dudas y lo que debe llevarnos al traslado de los niños” a las aulas modulares del antiguo cuartel de Santiago, al nuevo CEIP Encarna León o a otros centros educativos.
La Fiscalía de Menores ha pedido a la FAMPA unos días para recabar información y documentos sobre este caso, como un informe de riesgos laborales que se realizó tras la primera caída del techo hace unos meses y que aún no ha sido publicado, algo que, en palabras de Casares, es “muy sospechoso”.
Mientras la fiscal trabaja en este caso, la nueva AMPA de este centro, una vez reactivada, ha solicitado reuniones con el director provincial del Ministerio de Educación, el consejero de Educación y la delegada del Gobierno para abordar este asunto que tiene a toda la comunidad educativa del centro “súper preocupada”.
“Lo que de verdad queremos es que haya un informe negativo de que ni los niños ni los profesores ni la gente del barrio del Real han sido expuestos al amianto”, ha dejado claro el presidente de la FAMPA para justificar la necesidad de esta denuncia ante la Fiscalía de Menores.
También han mostrado su inquietud por este asunto varios sindicatos, como CSIF, que ha exigido un informe técnico en el que la administración asegure que no hay riesgo para la salud de los alumnos y profesores y ha calificado como “un parche” las obras de sustitución del falso techo desprendido, ya que “el amianto sigue ahí”.
Además, ha recordado que hace un año ya denunció esta situación y pidió el traslado del alumnado a las aulas modulares con un servicio de transporte gratuito, mientras que FEUSO, por su parte, ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la que solicita la rehabilitación de los centros educativos de la ciudad.
