A fecha del 15 de marzo, ya eran 1.269 las actuaciones judiciales suspendidas desde que el pasado 24 de enero se iniciara la huelga de letrados de justicia (antiguos secretarios judiciales), que en Melilla está teniendo un amplio seguimiento, fijado en el 85% de la plantilla.
Esas 1.269 actuaciones engloba juicios, ofrecimiento de acciones y diligencias; es decir, todas las actuaciones procesales menores. El total de juicios suspendidos es de 375, según apuntaron fuentes del Decanato.
Y por ahora, las negociaciones entre los representantes de los letrados judiciales y del Ministerio de Justicia siguen estancadas. En estos dos meses de paro indefinido se han producido varias reuniones en Madrid, si bien no ha habido avances. Cabe destacar que estos letrados habían convocado para este viernes una rueda de prensa en Madrid para informar de la situación pero ha sido suspendida hasta el lunes.
En Melilla existen cinco juzgado de primera instancia e instrucción, uno de lo social, tres contenciosos-administrativo y un juzgado de menores. Asimismo hay que contar con el Registro Civil, la Audiencia Provincial y los servicios de ejecución civil, ejecución penal y comunicaciones. En total catorce letrados judiciales, de los que doce están siguiendo la convocatoria de huelga indefinida.
Los juzgados melillenses están prácticamente paralizados. Por ahora solo funcionan los servicios mínimos, caso del juzgado de guardia, temas relacionados con derechos fundamentales o el ejercicio de medidas cautelares.
Hace días, el propio secretario de Estado de Justicia Tontxu Rodríguez, criticó que estos letrados se hayan negado a aceptar su oferta económica que, según afirma, beneficiaría, sobre todo, a los que menos cobran. Según sus palabras, “esta huelga no es de trabajadores que quieren llegar a final de mes o que peligran sus puestos de trabajo. Es de personas privilegiadas que cobran entre 40.000 y 60.000 euros al año. Me recuerda mucho a aquellas de los pilotos o de los controladores aéreos”, manifestó.
Por su parte, las asociaciones profesionales convocantes de la huelga aseguran que los representantes del Ministerio “no intercambian palabra” en la mesa de negociación, actitud que califican de “irresponsable”. El portavoz del comité de huelga, Juan José Yáñez, ha acusado a Justicia de “tener como rehenes a todos los ciudadanos españoles” y ha negado que hayan elevado sus exigencias salariales.
Y en medio de la batalla verbal entre las partes en conflicto, el Consejo General de la Abogacía reclama “celeridad y responsabilidad” para resolver un bloqueo que está “perjudicando gravemente” a juzgados y tribunales.
Los letrados, de hecho, están “muy preocupados” por la situación actual. Varios de ellos han comentado a El Faro que empiezan a tener problemas con los clientes, que no entienden que sus casos estén paralizados. “Aquí somos nosotros los que tenemos que dar la cara con la gente”, apuntaron.
Un "derecho", cómo es la huelga, no debería impedir el acceso al derecho, fundamental, la Justicia, del resto de los ciudadanos. Así va ...