El Gobierno central no ha incluido en los próximos Presupuestos Generales del Estado 2022 la bonificación del transporte de mercancías en Ceuta y Melilla. En el documentos se especifica que la medida “deberá desarrollarse reglamentariamente, en la que se está actualmente trabajando” y es algo que no ocurre desde 2017.
La senadora por Melilla, Sofía Acedo, ha explicado a El Faro que habría que desarrollar el Real Decreto y ponerlo en marcha para que se establecerían las bonificaciones en las mercancías, la naturaleza de las mismas. "Esto es, si se bonificarían todas o sólo las de una naturaleza determinada. También se determinaría la cantidad en función del sistema de bonificación, si fuese por flete u otro sistema", explica la senadora.
Así pues, hasta que no se acuerden todos estos puntos, es difícil hacer una previsión presupuestaria, señala Acedo.Uno de los puntos por cerrar es hasta dónde financiar el acarreo de productos. En 2017 se acordó aumentar el porcentaje máximo de compensación en 30 puntos porcentuales lo que, junto con la declaración de los créditos aplicables como ampliables, permite compensar a partir de 2018 hasta el 100% de los costes en Canarias y hasta el 65% en Baleares.
Compensación
La finalidad de estas ayudas es “compensar los sobrecostes que experimenta el transporte como consecuencia de la lejanía de los archipiélagos y ciudades autónomas”. Así se impulsan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS10 (Reducción de las desigualdades) y ODS11 (Ciudades y comunidades sostenibles).
La garantía constitucional que se celebra
El artículo 138.1 de la Constitución Española de 1978 encomienda al Estado la garantía de la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Ese principio de la Carta Magna, no se ha “desarrollado” todavía para Ceuta y Melilla, aunque desde hace casi un lustro un gobierno tras otro repite en los Presupuestos Generales del Estado la promesa de hacerlo.
