La presidenta de la asociación Teama, Susana Morillo, se pregunta si la administración está duplicando ingresos a costa de una entidad sin ánimo de lucro que atiende a niños con discapacidad.
Morillo titula una de sus últimas publicaciones en Facebook ‘Alta injustificada’, con el subtítulo ‘Cuando la ley se vuelve un expediente X’, y habla de una subinspectora de Trabajo y Seguridad Social “con ínfulas de Sherlock Holmes” que recalifica como asalariados a empresas o autónomos que habían prestado servicios de forma legal. “Empresarios y profesionales -aduce- son recalificados de autónomos a asalariados sin pruebas claras, las cotizaciones sociales aparecen como por arte de magia y los cálculos no cuadran con ábaco ni con Excel”.
El expediente no está desglosado e incluye errores como que una profesional que dejó Melilla sigue cotizando desde la distancia, en otra ciudad, o que otra de ellas aparece contratada tres años antes de haber prestado servicio.
Para Morillo, la vida laboral se transforma en “un ‘thriller’ surrealista”. Por ello, se pregunta si es un error, una negligencia o “el sistema operando sin alma ni lógica”. La lucha contra esta interpretación de la ley da como resultado a Teama “cotizaciones a la Seguridad Social duplicadas, exigencias económicas sin base transparente y un expediente que brilla más por lo que oculta que por lo que revela”. Sin desglose de las cotizaciones, lo único que ve Morillo son “cifras impuestas que nadie -ni con lupa ni calculadora- logra entender”.
Embargo de las cuentas
Por ello, la asociación -que atiende a unos 200 niños y jóvenes con autismo, discapacidad intelectual y otras condiciones del neurodesarrollo- envió un escrito del Defensor del Pueblo donde considera que hay “graves irregularidades administrativas y vulneraciones de derechos fundamentales” por parte de la Inspección de Trabajo, al levantar un acta “presuntamente falsa, plagada de errores materiales y procedimentales”, con el único fin de imponer una sanción “desproporcionada y carente de fundamento jurídico” contra esta entidad.
En ese escrito, Morillo dice que el acta recoge “afirmaciones inexactas y carentes de verificación documental” y habla de una interpretación “arbitraria” de la normativa vigente.
A su parecer, la resolución sancionadora por la cual, sin haberse resuelto aún recursos o alegaciones, se embargaban las cuentas bancarias de la asociación parece tener una finalidad “claramente recaudatoria”, aun cuando ello haya provocado “un efecto devastador e inmediato” sobre los servicios que aquella presta. La actuación, prosigue Morillo, está teniendo consecuencias para la salud física y emocional de más de 200 niños y sus familiares, ya que se han tenido que interrumpir tratamientos esenciales y suspender apoyos educativos. Todo ello perjudica a unas familias que, en muchas ocasiones, tienen una alta vulnerabilidad social.
Teama considera que el embargo de sus cuentas es “un abuso de poder y un ejercicio arbitrario de autoridad” por parte de la Administración, que no puesto por delante las consecuencias de su decisión para todos esos niños y sus familias.
Por tanto, Morillo solicita al Defensor del Pueblo una investigación para esclarecer si se han vulnerado derechos fundamentales de la entidad y de las personas a las que atiende y que inste a la Inspección de Trabajo a paralizar el embargo y devolver inmediatamente los fondos incautados.
Diversas vulneraciones
Tal como explica Teama en el acta de infracción, el expediente de la subinspectora está “plagado de defectos procedimentales” por carecer de “pruebas objetivas de ajenidad o dependencia laboral”.
Hasta diez causas de ello esgrime la asociación. La primera es la vulneración del principio de caducidad, ya que, según la asociación, la subinspectora estuvo dos años dilatando el expediente.
La segunda se refiere a la ausencia de argumentación sobre la supuesta relación laboral, porque no aporta “indicios claros” de esa dependencia, tales como el control horario. En este punto, a Teama le resulta extraño que las declaraciones juradas de los profesionales en el expediente tengan “un contenido prácticamente idéntico”, algo “altamente inverosímil desde un punto de vista lógico y humano”. Para la asociación, este “copia y pega” resta credibilidad a esas declaraciones. Además, Teama recuerda que ha aportado numerosas pruebas para demostrar la independencia en la prestación de servicios, incluyendo alta en el RETA, facturas de esos profesionales a otras empresas e incluso declaraciones juradas de esos profesionales diciendo que lo recogido en el expediente es falso o no se ajusta a lo que contaron.
Tercero, Teama apunta que, en sus contratos mercantiles con profesionales independientes que trabajan como autónomos, está todo documentado mediante el contrato y la facturación periódica por los servicios prestados sin que medie sujeción a jornada ni control horario, por lo cual no encaja en lo que se entiende como un contrato laboral. La asociación cita varias sentencias del Tribunal Supremo según las cuales “la mera reiteración en el tiempo de una prestación autónoma no convierte la relación en laboral”.
En cuarto lugar, Teama critica la calificación generalizada como “falsos autónomos” sin un análisis individualizado: “La subinspectora ha cogido a un grupo de profesionales o empresas que han prestado servicios por un período de cuatro años y de forma generalizada los ha convertido en personal por cuenta ajena de la asociación”.
En quinto término, la asociación recuerda la ausencia de ánimo defraudatorio y la existencia de buena fe, con una contratación mercantil “transparente y pública”, sin intención de eludir las obligaciones con la Seguridad Social y hechos todos los pagos del IRPF y el IPSI.
Sexto, Teama habla de la vulneración del principio de seguridad jurídica al haber tardado más de dos años múltiples actuaciones inspectoras.
“Falta de rigor, contradicciones y errores formales” es el título del séptimo epígrafe, donde se señala que hay “múltiples incoherencias y errores que ponen en duda la solidez del procedimiento”, como datos contradictorios, la solicitud de documentación que ya ha sido aportada o la petición de facturas de personas que no trabajaron en los períodos reclamados.
Hasta tal punto se puede calificar la situación de surrealista que, en el octavo punto, Teama recuerda que es altamente improbable que el día 24 de julio de 2023 la subinspectora contactara con Morillo, ya que durante esos días estaba ingresada en la UCI del Hospital Carlos Haya de Málaga. Fue un asesor externo la persona con quien habló la subinspectora, pero aquél no es un representante legal de la asociación ni tiene poderes. De ahí extrajo ésta, dice Teama, “conclusiones incoherentes o rayando lo absurdo, como que un maestro de Educación Infantil sustituye a un profesional sanitario con la categoría de logopeda”.
Después, la entidad habla de una contradicción entre la desvinculación con las familias y la prestación de servicios en los domicilios, ya que, aunque los terapeutas que colaboran con la asociación no mantienen contacto con las familias de los menores con discapacidad, en varios fragmentos del expediente se reconoce “explícitamente” que estos profesionales prestan servicios en los domicilios particulares de los usuarios y que incluso se les pagan los desplazamientos.
Por último, Teama critica que se le exija justificar facturas, sustituciones o ausencias de trabajo durante un período de más de cuatro años, incluso de profesionales que han trabajado de forma puntual, lo que cree que puede constituir “una carga de la prueba desproporcionada en contra del principio de presunción de legalidad”.
Perjuicios
La inmovilización de las cuentas bancarias ha provocado graves consecuencias en la salud física y mental de los usuarios y sus familias, ya que la pérdida de servicios que se estaban prestando agrava patologías existentes entre las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), discapacidad y otras.
Entre los servicios que se pueden perder por el bloqueo de las cuentas, están la atención temprana -para evitar que los niños pierdan habilidades esenciales-, la ayuda a domicilio -lo que provocaría un agotamiento extremo en sus cuidadores-, los programas de conciliación laboral y respiro familiar -lo que incrementaría la sobrecarga del cuidador y agrava los conflictos familiares-, el refuerzo educativo para alumnos con discapacidad -quienes experimentan frustración, ansiedad y pérdida de autoestima-, la natación adaptada -una terapia fundamental para mejorar el tono muscular, la coordinación y la regulación sensorial- y los campamentos de verano -lo que priva a estos niños de poder disfrutar de experiencias de socialización y obliga a sus familias a asumir una atención constante-.
De hecho, Teama subraya que ya se han perdido programas de ocio y respiro familiar esenciales para la salud emocional de los usuarios, como arteterapia o talleres de baile y teatro.
