La Asociación Teama ha informado de que hace varios meses interpusieron una demanda contra la Tesorería General de la Seguridad Social en relación con un acta de infracción levantada por una subinspectora, la cual cree que presenta numerosas irregularidades tanto de procedimiento como de fondo jurídico. Igualmente se interpusieron medidas cautelares en el juzgado contra el acta administrativo.
La asociación cree importante destacar que Teama ha cumplido de forma rigurosa con todas sus obligaciones en materia de pagos a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. La controversia se centra en el reencuadramiento de profesionales o empresas externas que han prestado servicios a la asociación, personas trabajadoras autónomas o empresarias individuales, que han sido consideradas ahora, por parte de la Inspección, como personal por cuenta ajena.
Además de discrepar con el fondo de la cuestión, la presidenta de Teama, Susana Morillo, destaca que el acta de inspección contiene errores de forma, de procedimiento y de interpretación jurídica que vulneran sus derechos.
La asociación ha decidido hacer público este asunto ahora porque, de acuerdo con abundante jurisprudencia y como dispone la reciente Sentencia de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo del 19 de noviembre de 2020 (rec. 6226/2018) deja claro que la Administración no puede ejecutar el acto administrativo cuando el particular formula solicitud cautelar junto con la demanda jurisdiccional, y hasta que se resuelva expresamente. No obstante, lamenta, la Tesorería ha continuado con el procedimiento haciendo caso omiso de lo dictado por el Tribunal Constitucional.
Por este motivo, y tras recibir hace tres días una nueva notificación de la Seguridad Social con requerimiento de pago, sin que exista aún resolución judicial, Teama ha decidido hacer pública esta situación.
Mafia institucional
"Una vez más, la maquinaria administrativa demuestra su peor cara. En lugar de proteger a quienes más lo necesitan, la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social de Melilla, han iniciado una campaña de acoso y derribo contra Teama, una entidad sin ánimo de lucro que durante más de una década ha garantizado atención especializada a más de 180 niños y jóvenes con discapacidad en Melilla", explica la asociación.
La persecución administrativa ha alcanzado niveles que rozan, apuntan, la "mafia institucional": procedimientos contaminados por errores formales y materiales, acusaciones sin pruebas objetivas, declaraciones juradas ilusorias “falsas” sin firma y exigencias jurídicas que contravienen derechos básicos de defensa. Mientras tanto, niños con TEA, discapacidad intelectual, parálisis cerebral, síndromes genéticos y otras condiciones graves, junto a sus familias, ven cómo se desmorona su única red de apoyo, alertan
El castigo: ejercer derechos
El “delito” de Teama y de las familias ha sido aliviar el sufrimiento diario, ofrecer servicios que la administración no garantiza, y evitar que las personas con discapacidad queden condenadas a la exclusión. Frente a eso, la respuesta institucional ha sido: bloquear subvenciones, emitir certificados de deuda sin sentencia firme y forzar el cierre de programas esenciales.
¿Quién gana con esta represión?
La asociación se pregunta si hay intereses ocultos tras esta ofensiva. "¿A quién beneficia desmantelar servicios que son modelo de eficiencia social? ¿Qué intereses se protegen cuando se pretende imponer una lectura falsa de las relaciones laborales para desarticular a una organización que, sin ánimo de lucro, garantiza derechos fundamentales?", son algunos de los interrogantes lanzados por Teama.
¿Dónde están los derechos de los más vulnerables?
"La administración ha dejado de ser garante de derechos para convertirse en verdugo. Ha olvidado que el artículo 49 de la Constitución obliga a proteger de forma específica a las personas con discapacidad y sus familias. Y lo hace mientras utiliza recursos públicos para alimentar procedimientos administrativos plagados de errores, contradicciones y falsedades documentales", prosigue el comunicado.
Justicia social, no represión burocrática
Teama exige la paralización inmediata del procedimiento de apremio "que amenaza con destruir el único espacio de esperanza para decenas de familias", así como que se depuren responsabilidades políticas y técnicas por este "ataque institucional". Y, sobre todo, exige respeto a las madres cuidadoras que no reciben salario ni descanso y a los niños con discapacidad que hoy, "por culpa de una administración insensible y represiva, están perdiendo su derecho a una vida digna".
"Basta de burocracia que margina. Basta de inspecciones que aplastan en lugar de construir. Basta de castigar a quien sostiene el Estado de Bienestar con esfuerzo, amor y dignidad", concluye la asociación.
Tener en plantilla a FALSOS AUTÓNOMOS es motivo más que de sanción. Aquí y en Cuanca y hasta en Sebastopol.