La Asociación TEAMA, dedicada a la atención de menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA), se ha concentrado ante la sede de la Inspección de Trabajo para denunciar lo que consideran una actuación “abusiva e injusta” por parte de la Administración. Madres coraje unen fuerzas para exigir Justicia ante un expediente sancionador “plagado de errores”, sino que también ha servido para abrir un nuevo debate: la calidad y humanidad de la atención terapéutica en el hogar.
La presidenta de la entidad, Susana Morillo, ha comparecido ante los medios de comunicación para denunciar que el procedimiento sancionador -abierto en 2022- "ha vulnerado el principio legal de caducidad, al extenderse más allá de los nueve meses permitidos". Alega, además que dicho documento incluye “declaraciones manipuladas, fechas erróneas, contradicciones formales y actuaciones durante un periodo en el que yo misma estaba en coma en una UCI”.
El caso, que se encuentra judicializado, ha provocado ya la emisión de un certificado positivo de deuda a la Seguridad Social, impidiendo a TEAMA acceder a subvenciones esenciales. “Esto pone en riesgo directo nuestros programas de intervención temprana, atención infantojuvenil, respiro familiar y campamentos de verano. Llevamos más de una década trabajando por y para las familias. Ahora quieren destruirlo todo”, afirmó Morillo.
A raíz de esta situación, ha salido a la luz un fenómeno inquietante que usuarios y familias ya bautizan en redes como “Terapeutas Fantasma” o “propios para el programa Cuarto Milenio”. Se trata de casos en los que los profesionales que prestan atención domiciliaria no generan ningún vínculo visible con las familias, dejando constancia únicamente en informes escritos. “Estamos comprometidos con una intervención basada en la cercanía y el respeto humano. No puede ser que el terapeuta sea una figura invisible. Sin vínculo, no hay terapia posible”, ha manifestado Morillo.
Entrando en materia
Tal y como exponen algunas de las madres afectadas, activaron la alerta tras detectar patrones preocupantes: sesiones sin presentación ni saludo, sin intercambio con los cuidadores y sin seguimiento comprensible para el entorno familiar. “Es un sinsentido administrativo que contradice por completo los fundamentos del acompañamiento terapéutico”, advirtió. Lo que se traduce con “vi pasar a alguien por el pasillo con un cuaderno de pictogramas, pero no me saludó. No supe si era el terapeuta o un mensajero”, relató una madre.
“Mi hijo mejoró, pero nunca supe si lo atendía una persona o un holograma”, comenta otra familiar.
Ante esta situación, TEAMA ha anunciado una revisión integral de sus protocolos de intervención domiciliaria, con el objetivo de garantizar que cada profesional no solo cumpla con su labor técnica, sino que también establezca una relación de confianza con el entorno. “Los verdaderos fantasmas no están en las casas, están en los informes que sustituyen a la presencia real”, sentenció Morillo.
Susana Morillo no ha ocultado su indignación al afirmar que se trata de un ataque directo a los niños con discapacidad y a sus familias. “En lugar de perseguir a los corruptos o a quienes incumplen la ley, nos atacan a nosotros, que simplemente ayudamos a las familias a costear terapias esenciales. Muchos padres no pueden pagar 60 euros por una sesión de psicología privada. TEAMA ha sido su única salida”.
La asociación ha trasladado el caso a los tribunales y ha solicitado formalmente al Gobierno Central la apertura de una investigación independiente. “Esto no puede quedar impune. Vamos a llegar hasta donde sea necesario, incluso a instancias internacionales si hace falta. No vamos a permitir que se pisoteen los derechos de nuestros hijos”, afirmó con firmeza.
Futuro incierto
Con el expediente aún pendiente de resolución judicial, la incertidumbre es total. “Ahora mismo todo está paralizado. Estoy intentando buscar apoyo de empresas privadas para no dejar a los niños sin actividades este verano. Pero es desolador”, concluyó Morillo. “Nos están dejando solos, desamparados, después de años de trabajo y compromiso con las familias”.
Y es que la protesta de TEAMA ha puesto en evidencia una realidad dolorosa en Melilla: el acceso a servicios especializados para menores con autismo sigue dependiendo, en gran medida, del esfuerzo de asociaciones ciudadanas. Hoy, esas mismas entidades se ven amenazadas por procedimientos que, según sus responsables, no sólo incumplen la ley, sino que atentan contra el corazón mismo de la justicia social.
