Melilla vuelve a quedar relegada al olvido institucional ante un problema que afecta de lleno a su presente y condiciona su futuro: la conectividad. La falta de voluntad política del Gobierno de Pedro Sánchez y la inacción de su delegada en la ciudad han situado a los melillenses en una posición de desventaja inadmisible, sin respuestas, sin explicaciones y, lo que es peor, sin soluciones sobre la mesa.
El transporte no es un lujo para Melilla, es una necesidad básica. La ciudad no cuenta con alternativas terrestres para conectarse con el resto del territorio nacional, lo que convierte al avión y al barco en sus únicos vínculos reales con la península. Sin embargo, lejos de abordar esta realidad con responsabilidad, el Ejecutivo central ha optado por mirar hacia otro lado, dejando que los problemas se cronifiquen mientras los ciudadanos sufren sus consecuencias.
Uno de los ejemplos más evidentes de esta desidia es la situación del aeropuerto. Las condiciones meteorológicas adversas, especialmente las nubes bajas, siguen provocando cancelaciones y desvíos que afectan directamente a los usuarios. La instalación de un sistema de aproximación adecuado permitiría reducir estas incidencias y garantizar una mayor operatividad. Sin embargo, esta medida, que no responde a ningún capricho sino a una necesidad técnica evidente, continúa sin materializarse.
A ello se suma la necesidad de ampliar la pista. No se trata solo de mejorar la seguridad en condiciones complicadas, sino también de permitir la llegada de aeronaves de mayor tamaño y capacidad. Esta ampliación abriría la puerta a una oferta más amplia de vuelos y, en consecuencia, a una mejora sustancial de la conectividad de la ciudad. Pese a ello, el Gobierno sigue sin dar pasos firmes en esta dirección, manteniendo a Melilla en una situación de aislamiento que limita su desarrollo.
Si el problema para implantar ese sistema de aproximación radica en la necesidad de instalar balizas en territorio marroquí, el Ejecutivo lo tiene, en teoría, más sencillo de lo que parece. De forma recurrente, tanto el presidente Pedro Sánchez como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, destacan que España atraviesa uno de los mejores momentos en sus relaciones con Marruecos. Si ese entendimiento es tan sólido como se afirma, resulta difícil comprender por qué no se aprovecha para negociar con Rabat la ubicación de estas infraestructuras técnicas que beneficiarían directamente a una ciudad española.
La falta de acción no solo afecta a la movilidad de los ciudadanos, sino también al tejido económico. El turismo, uno de los pilares sobre los que se pretende construir el futuro de la ciudad, depende directamente de la facilidad para llegar a ella. Sin una conectividad eficaz, cualquier intento de impulsar este sector está condenado a quedarse en el papel. Es una cuestión evidente: sin accesibilidad, no hay desarrollo turístico posible.
Pero más allá de la economía, esta situación también tiene una dimensión social y de derechos. La Constitución garantiza la libre circulación por el territorio nacional, un principio que pierde sentido cuando no se ponen los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los melillenses no pueden seguir dependiendo de factores que podrían resolverse con decisiones políticas claras y firmes.
Resulta especialmente significativa la actitud de la Delegación del Gobierno en la ciudad. Lejos de ofrecer explicaciones o liderar una reivindicación legítima, su postura ha sido la del silencio. Esa ausencia de respuesta no hace sino agravar la sensación de abandono institucional que perciben muchos ciudadanos.
Melilla no está pidiendo privilegios, sino soluciones. No se trata de una exigencia desproporcionada, sino de una necesidad real que afecta al día a día de sus habitantes y a sus perspectivas de futuro. La ciudad merece algo más que promesas y declaraciones: necesita compromisos concretos, actuaciones visibles y una defensa firme de sus intereses.
