El debate sobre la privatización de la sanidad pública se ha convertido en uno de los grandes argumentos recurrentes del discurso político en España. Sin embargo, cuando se analiza con detenimiento, aflora una contradicción difícil de sostener: la distancia entre lo que se dice y lo que realmente se hace.
Desde el ámbito socialista, la crítica a la externalización de servicios sanitarios ha encontrado en la Comunidad de Madrid su principal objetivo. De forma reiterada, se presenta ese modelo como un ejemplo de deterioro del sistema público, insistiendo en que la colaboración con entidades privadas supone una amenaza para la calidad asistencial.
No obstante, este discurso omite deliberadamente una realidad incómoda. Cataluña es, desde hace años, la comunidad con mayor peso de la sanidad concertada y de modelos de gestión compartida entre lo público y lo privado. Y lo hace bajo un gobierno en el que el PSOE tiene un papel determinante. Este dato, esencial para entender el mapa sanitario nacional, rara vez se incorpora al relato crítico.
La contradicción no termina ahí. Cuando se abandona el terreno del discurso y se observa la gestión directa del Ministerio de Sanidad, las incoherencias se hacen aún más evidentes. Ceuta y Melilla son los únicos territorios donde el Estado tiene competencias plenas en materia sanitaria, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
En teoría, ambas ciudades deberían representar el ejemplo más puro de sanidad pública, gestionada íntegramente por el Estado. Sin embargo, la práctica muestra otra realidad. Para poder garantizar la asistencia a los ciudadanos, Ingesa mantiene externalizados diversos servicios sanitarios, recurriendo a conciertos con grandes grupos hospitalarios privados.
Esto implica que pacientes de Ceuta y Melilla son derivados a centros fuera de sus ciudades, gestionados por empresas privadas, ante la imposibilidad de atenderlos localmente. Se trata, por tanto, de una dependencia estructural de la colaboración público-privada que contradice frontalmente el discurso oficial.
La paradoja alcanza su punto más evidente en el papel de la ministra de Sanidad, Mónica García. Mientras mantiene un discurso crítico contra la privatización en otras comunidades, su propio departamento recurre a estos mecanismos de forma habitual para cubrir las necesidades asistenciales de los territorios bajo su responsabilidad directa.
Lejos de ser una cuestión ideológica, esta situación evidencia una realidad práctica: el sistema sanitario, tal y como está configurado, necesita apoyarse en recursos externos para poder funcionar. Negarlo en el plano político mientras se aplica en la gestión diaria genera una evidente falta de coherencia.
A todo ello se suma la situación concreta de la sanidad en Ceuta y Melilla. Pese a depender directamente del Ministerio, ambas ciudades arrastran problemas estructurales, especialmente en lo que respecta a la falta de profesionales sanitarios y a la percepción del servicio por parte de la ciudadanía. Diversas encuestas reflejan un nivel de satisfacción inferior al de otros territorios.
Este contexto desmonta otro de los argumentos habituales: la idea de que una gestión completamente pública garantiza, por sí sola, un mejor funcionamiento del sistema. Si así fuera, Ceuta y Melilla deberían situarse como referentes. Sin embargo, los datos disponibles apuntan en sentido contrario.
El problema de fondo no es la existencia de modelos mixtos, sino la utilización política de los mismos. Convertir la sanidad en un arma arrojadiza, señalando únicamente aquellos casos que interesan y silenciando otros, no contribuye a mejorar el sistema ni a ofrecer soluciones reales a los ciudadanos.
La sanidad requiere un debate honesto, basado en datos y no en consignas. Mientras ese debate siga condicionado por discursos que no se corresponden con la práctica, la distancia entre la política y la realidad seguirá creciendo. Y con ella, la desconfianza de quienes dependen, cada día, de un sistema que merece algo más que eslóganes.
La postura de la condición hipócrita.