La escena vivida este lunes en el Tribunal Supremo durante el juicio por el caso mascarillas no debería pasar como una simple anécdota, aunque algunos pretendan reducirla a eso. La intervención de Jessica, hablando de que el gato se había roto la “pierna”, no solo provocó estupor: retrató, de forma casi grotesca, el nivel de degradación al que ha llegado un entorno político que tiene nombres y apellidos. Y esos nombres apuntan directamente al PSOE.
Porque no se trata de un episodio aislado ni de una casualidad. Lo que se vio en esa sala, en una causa que afecta al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, es la consecuencia de una forma de ejercer el poder que ha terminado por erosionar cualquier atisbo de ejemplaridad. Mientras se juzgan decisiones adoptadas en plena pandemia, con miles de españoles perdiendo la vida, el foco acaba desplazándose hacia escenas propias de un sainete. Y eso no es inocente: es el reflejo de un deterioro profundo.
El PSOE no puede mirar hacia otro lado ni refugiarse en el argumento de que la justicia debe actuar. Esa apelación sería válida si no existiera un contexto tan abrumador. Pero lo cierto es que este juicio es solo la punta del iceberg. A su alrededor se acumulan casos que afectan directa o indirectamente al partido y a su entorno más próximo: el llamado caso del “hermanito”, las informaciones sobre Begoña Gómez, las investigaciones en torno a Santos Cerdá y las mordidas, el rescate de Plus Ultra, el caso Leire Díez o las cuestiones relacionadas con los hidrocarburos. No son hechos aislados; son piezas de un mismo puzzle.
Y ese puzzle tiene un responsable político claro. Porque fue el PSOE quien llegó al poder abanderando la regeneración democrática, prometiendo transparencia y asegurando que pondría fin a las prácticas que criticaba. Sin embargo, lejos de marcar distancias, lo que se ha ido consolidando es un modelo en el que los escándalos se suceden sin que se asuman responsabilidades políticas de calado.
La responsabilidad del PSOE no se limita a los hechos que puedan dirimirse en los tribunales. Va mucho más allá. Tiene que ver con la cultura política que ha permitido que situaciones como la vivida en el Supremo sean posibles. Tiene que ver con la falta de controles internos, con la ausencia de explicaciones convincentes y con una estrategia basada, en demasiadas ocasiones, en resistir antes que en aclarar.
En ese contexto, el llamado “sanchismo” ha reforzado una dinámica en la que la lealtad al líder parece situarse por encima de cualquier otra consideración. Un esquema que se reproduce también en el ámbito territorial. En Melilla, la figura de la delegada del Gobierno ha sido señalada precisamente por esa alineación sin fisuras, en un momento en el que decisiones relevantes para la ciudad, como su exclusión de determinadas ayudas anticrisis, han generado malestar y comparaciones con otros territorios que sí han sido incluidos.
Lo ocurrido este lunes, con la referencia a la “pierna” del gato, no es una anécdota graciosa ni un detalle irrelevante. Es el símbolo de una forma de hacer política que ha terminado por contaminar incluso los espacios donde debería imperar el máximo rigor. Es la imagen de un país en el que lo grotesco irrumpe en los escenarios más serios sin que nadie parezca dispuesto a asumir responsabilidades.
Quedan aún semanas de juicio, decenas de testigos y muchas cuestiones por aclarar. Pero hay algo que ya no admite discusión: el desgaste es evidente y tiene un responsable político. El PSOE no puede seguir presentándose como ajeno a una situación que le interpela directamente. Porque cuando los escándalos se acumulan, cuando las explicaciones no llegan y cuando escenas como la del Supremo se convierten en noticia, lo que está en juego no es solo la suerte judicial de unos pocos, sino la credibilidad de todo un sistema.
Y esa credibilidad, hoy, está seriamente dañada.
