Los llamados indignados se manifestaron con la excusa de que se iba a gastar dinero público para subvencionar a las JMJ. Los resultados económicos desmienten este extremo. En todo caso, sería una subvención más de las muchas que el ejecutivo prodiga. Una pregunta a estos multiculturalistas de toda la vida: ¿Han manifestado alguna vez su rechazo a subvencionar a, por ejemplo, Sgaes, sindicatos y partidos, fundaciones de todos los colores, fiestas y eventos de grupos y grupúsculos, etc, etc? No.
Esa excusa sólo sirve para ocultar un comportamiento antidemocrático, intolerante y con demasiados interrogantes, tanto por la indefinición formal de eslóganes, como por la actitud de acoso y de maltrato verbal y físico de que han hecho gala en esa manifestación para ir en contra de unos jóvenes que ni les han provocado ni nada han hecho contra ellos. ¿A qué se debe tal prepotencia y supuesta superioridad?
¿Son mejores y más dignos que esa juventud venida de todos los países del mundo? ¿Por qué?
Es hipócrita esa postura. Otra pregunta al ejecutivo: ¿Hubiesen legalizado una manifestación contra la celebración del orgullo gay, o contra un mitin de un partido o afines, o contra la diada, o contra una reunión de budistas, u otros supuestos dentro del orden constitucional? No. ¿Por qué sí contra la JMJ, que al margen de su carácter religioso, supone la visita de miles de jóvenes, con los beneficios que tal visita supone desde un punto de vista de interés turístico y económico, que no estamos en condiciones de rechazar?
Dicen estas personas que “con sus impuestos no”. Pueden estar tranquilas, porque de sus impuestos lo que se subvenciona, y no llega, son colectivos próximos a las tesis que defienden. Deben saber, y es hora de que se diga, que con los impuestos de todos (incluidos ese más del 75% que en las encuestas se declaran católicos) se pagan también los gastos que han originado con la ocupación de plazas y calles, así como generosas subvenciones que muchos españoles critican pero que aceptan, en un ejercicio de tolerancia y de respeto a las distintas sensibilidades sociales. Por otro lado, hay que aclararles que cada cual pone en la casilla de la declaración de hacienda lo que considera oportuno y que, en gran medida las subvenciones públicas dependen mucho de esa decisión democrática. ¿Pueden nombrar, aparte de Caritas y similar, qué otras organizaciones, subvencionadas, revierten a la sociedad más de lo que reciben del erario público?
El gobierno ha decidido, en un ataque de cordura y de acuerdo con el partido mayoritario de la oposición, dejar sentado en la Constitución que las administraciones públicas no podrán gastar más de lo ingresen. Esto, que es de puro sentido común, y que es algo obvio, resulta que, por un lado los que se llaman indignados quieren un referéndum para votarlo, esos que llamaban ayer a no votar en las pasadas elecciones; por otro IU anuncia que presentará un recurso de inconstitucionalidad, esos que nunca movieron un dedo en defensa de los intereses comunes, que callaron y fueron comprensivos ante situaciones de indefensión del Estado.
Estamos en una situación económica grave y, como alternativa, sólo se les ocurre decir que no hay que poner tope a los gastos, que el endeudamiento incontrolado genera riqueza. ¿Sabrán algo de economía o, como están acostumbrados a ver como natural las subvenciones, creen que el dinero se crea por generación espontánea, o, es que de verdad creen que el dinero no es de nadie?
Lo peor de todo es que, personas y dirigentes con esos planteamientos, se creen capacitados para dirigir y gobernar la sociedad. Los resultados están a la vista, así nos va.
¡Ah!, y no olviden, los indignados, que muchos de los dirigentes a los que ellos mismos critican y que algo tienen que ver con la situación que disfrutamos, en un tiempo no muy lejano, pensaban y defendían lo mismo que ellos defienden y proponen ahora. Es para pensar.
