El juicio contra el melillense Ali Aarras en Marruecos sigue siendo un despropósito atentatorio contra cualquier práctica judicial basada en una mínima justicia, desde el punto y hora que el Ministerio Fiscal marroquí se niega a desvelar supuestas pruebas en su contra, alegando que constituyen cuestiones bajo secreto que de difundirse pondrían en riesgo la seguridad nacional del reino alauita. Resulta inadmisible que un acusado no sepa por qué se le acusa, desproveyéndolo de todo tipo de opciones para su óptima defensa.
La extradición de Aarras, por decisión del Consejo de Ministros de Zapatero, sirvió para poner en tela de juicio hasta qué punto dejan de ser marroquíes quienes contando con otra nacionalidad siguen siendo considerados súbditos del reino de Marruecos, no ya por las autoridades marroquíes únicamente sino por otras que, como las españolas, han desatendido la condición de ciudadano belga del aludido Alí Aarras.
Si a lo anterior se añaden las denuncias sobre la tortura a la que fue sometido, la falta de parangón evidente entre una justicia democrática, sujeta a un Estado de Derecho, y la de un país en vías de desarrollo, aún próximo en algunas de sus instancias a un mundo más propio del medievo, sólo queda concluir que el Gobierno Zapatero incurrió en otro gran despropósito cuando permitió que un melillense, con identidad europea oficialmente reconocida, perdiera sus derechos ciudadanos para enfrentarse a un sistema jurídico falto de las debidas garantías y que puede condenarlo a 30 años de cárcel.
