Un vecino melillense planteó ante este periódico una cuestión relativa al IPSI y al IVA, siendo el primero un impuesto indirecto que grava el consumo en Ceuta y Melilla y que sustituye el tipo del 21 % por un máximo del 10 %. Presentan diferencias en su aplicación y gestión, y aparentemente, el IPSI está pensado para mejorar y compensar la realidad de los melillenses.
Pero este ciudadano no lo piensa así, y titula el documento que ha redactado como “la gran mentira del IPSI”, sobre la creencia generalizada de que en las ciudades autónomas, los artículos en venta son más baratos que en la Península. El impuesto es más reducido, pero no se refleja siempre en que el precio sea menor. «En la práctica, en mi día a día, gasto lo mismo o incluso más que cuando vivía en Málaga. ¿Cómo puede ser posible, si en teoría aquí “todo cuesta menos”?», se pregunta.
El tipo impositivo del IPSI (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación) oscila entre el 0,5 % y el 10 % según el bien o servicio. Está regulado por la Ley 8/1991, de 25 de marzo, y se adapta al régimen fiscal especial de los territorios. Su objetivo era favorecer el desarrollo económico de Ceuta y Melilla e igualar las limitaciones derivadas de su situación geográfica y el aislamiento logístico resultante.
“La idea tenía sentido. Si vivir en Melilla implica más costes y menos oferta, ya sea para comprar una lavadora, pedir un paquete o acudir a un especialista médico, lo lógico era que los precios locales fueran más bajos. Pero la realidad actual dista mucho de ese propósito”, asegura este vecino. El planteamiento sugiere que el precio base se modifica según si se aplica el IVA o el IPSI de manera que el precio final se mantiene intacto.
Por lo tanto, el beneficio sigue siendo el mismo para la empresa. Un ejemplo: una lavadora cuesta 1.349 euros en Málaga (IVA incluido) con un precio base de 1.114,87 euros más los 234,13 euros del impuesto. Con los pasos a seguir, primero hay que pedir el formulario digital DIVA Tax Free en el comercio. El residente viaja a Melilla y al momento declara oficialmente el producto en las oficinas del Resguardo Fiscal (Guardia Civil o Aduana). Debe llevar los bienes consigo físicamente.
Una vez sellado, si se cumplen todos los requisitos, se debe liquidar el IPSI ante los servicios fiscales de la Ciudad. Con el justificante de pago del IPSI y el formulario DIVA/DER, se procede al visado electrónico definitivo. Las lavadoras y grandes electrodomésticos tributan al 7 % en Melilla. Lo siguiente sería esperar a recibir la devolución. Pero, cuando esto sucede, este vecino critica que el melillense no recibe más dinero aunque el impuesto sea menor.
La queja está en que, finalmente, es la empresa quien “se queda” con ese margen. Observa que “esto se produce en cada compra que haces, y son cosas que van sumando a lo largo del año: ropa, productos de necesidad básica, facturas de telefonía, electrónica, electrodomésticos, muebles…”. Podría pensarse que ese margen es necesario para afrontar costes de diversa índole, “pero la realidad es que ya disfrutan de importantes ventajas fiscales”, lamenta.
En este sentido, y en base al argumento, hay costes como el de transporte que deben abonarse de forma inmediata según se envía el artículo a la ciudad, aunque no se haya vendido aún. Esto en el caso de comprar directamente en un comercio en Melilla, bajo las condiciones del IPSI. Sin embargo, el Impuesto sobre Sociedades depende de las ganancias limpias que obtenga la empresa al cierre del ejercicio; si no ha tenido un buen año, no le servirá de mucho tener una reducción del 50 % por estar en la ciudad autónoma. Pero el coste del barco, por ejemplo, ya hace tiempo que lo pagó.
Finalmente, este vecino reitera que su crítica está orientada a que son las empresas las que se llevan el beneficio y no los ciudadanos. Puesto que regular los precios del mercado no es una opción legalmente hablando, su propuesta es “exigir a las marcas y empresas que venden en la Península y en Melilla que mantengan los mismos precios base en los productos. Si desean aplicar precios más elevados, deberían justificarlo con argumentos concretos y transparentes”.
Muchas personas coincidirán en que hay trampas. Si no se altera el precio base, cabe la posibilidad de que las compañías añadan un recargo por gastos de flete y logística entre otros a las facturas. A nivel burocrático, habría que cuestionar la capacidad para afrontar esta fiscalización pública, y algunas marcas podrían irse de la ciudad por no querer asumir los costes logísticos de la extrapeninsularidad. Pero no es imposible, solo habría que revisar punto por punto esta propuesta que, seguramente, comparten otros ciudadanos.
