El vicepresidente primero del Gobierno de Melilla, Miguel Marín, ha denunciado la lentitud de los trámites administrativos que retrasan la ejecución de las obras en la ciudad, entre ellas las del Centro de Menores La Purísima, licitadas hace varios meses y todavía sin fecha de inicio.
Marín respondió así a una pregunta sobre el estado de las obras del centro, cuya licitación se sacó hace meses. El vicepresidente reconoció que es muy complicado el trámite administrativo y que la situación es la misma que afecta a todos los temas que ya se han arrancado.
Aprovechando la pregunta, el vicepresidente trasladó una reflexión que, según dijo, no solo ocurre en España y que debería abordarse a nivel europeo. Marín señaló que en otros territorios internacionales los trámites administrativos para la creación de empresas y el desarrollo de acciones públicas son sumamente rápidos, mientras que en la Unión Europea la normativa traspuesta a cada país es muy densa y requiere muchísimo tiempo, lo que dilata la actividad económica en el conjunto de los estados miembros.
El vicepresidente defendió que entre todos se debería optar por una normativa administrativa mucho más ágil, más rápida y más eficiente, algo que hoy día no existe. Según explicó, los plazos que ha detallado se aplican por igual al proyecto más pequeño que se pueda imaginar y a otro que supere los 12 millones de euros, y advirtió de que, si se producen impugnaciones, todo se paraliza y se eterniza.
Marín subrayó que el Gobierno de la Ciudad, dentro de su marco legislativo, acelera todo lo posible los trámites, aunque admitió que están muy limitados por la falta de capacidad para que Melilla pueda tender sus propias normas, como las comunidades autónomas disfrutan.
Preguntado por plazos concretos para las obras, el vicepresidente afirmó que no puede darlos porque dependen de si alguna de las empresas licitadoras impugna el procedimiento, o si arquitectos, ingenieros o colegios profesionales recurren previamente la adjudicación por no estar de acuerdo con algún artículo de la convocatoria. En esos casos, explicó, los procedimientos se paralizan y los afectados pueden acudir al Tribunal de Recursos Contractuales.
"Es todo tan garantista, tan garantista, que debe existir garantía", afirmó Marín, aunque consideró que los plazos deberían reducirse de manera sustancial si se quiere que la administración pública tenga una atracción importante dentro de la economía de la Unión Europea. A su juicio, la normativa actual ralentiza todo.
Por todo ello, el vicepresidente primero no concretó cuándo podrían iniciarse finalmente las obras del Centro de Menores La Purísima.
