La consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, ha presentado el programa 'Melilla Más Social'. Una iniciativa con la que el Gobierno de Imbroda ampliará las ayudas económicas hasta un máximo de 5.000 euros anuales por beneficiario. La reforma pretende reforzar la red de protección social mediante la actualización de ayudas, la ampliación de prestaciones y la puesta en marcha de nuevos programas dirigidos a colectivos vulnerables.
La responsable del área justificó estas medidas asegurando que el Ejecutivo encontró un "claro empeoramiento de las condiciones sociales de la población melillense" tras la anterior legislatura, una situación que también atribuyó a "la política habitual de desidia y abandono" del Gobierno central hacia las ciudades autónomas.
Mohamed explicó que el aumento del coste de la vida, el encarecimiento de la cesta de la compra y de los transportes han incrementado las dificultades económicas de muchas familias. "No se puede achacar solo a conflictos políticos y militares", afirmó.
El programa se estructura en tres grandes líneas de actuación. La modernización de infraestructuras y medios técnicos, la reforma de la normativa que regula las ayudas sociales y la colaboración con entidades y colegios profesionales para ampliar la cobertura asistencial.
En el apartado de modernización, la consejera señaló que, con financiación procedente de los fondos PRTR, se han implantado dos aplicaciones informáticas destinadas a mejorar la gestión económica de la Consejería y la coordinación con entidades que trabajan en el ámbito de la infancia.
Uno de los principales cambios llegará con la modificación del Reglamento Regulador de las Ayudas Económicas y Servicios para la Atención de Necesidades Sociales, que deberá ser aprobado por el Pleno de la Asamblea. Entre las novedades destaca el incremento del límite máximo anual de ayudas, que pasa de 1.000 a 5.000 euros por persona.
También se reduce de cinco a tres años el requisito de empadronamiento para acceder a estas prestaciones. Además, las personas que abandonen Melilla para buscar oportunidades laborales podrán regresar en un plazo de doce meses sin perder el derecho a solicitar estas ayudas.
Otra de las modificaciones consiste en elevar los umbrales económicos para acceder a las prestaciones, teniendo en cuenta el aumento del coste de la vida. Según explicó Mohamed, el objetivo es que "personas trabajadoras que no llegan a final de mes no van a ser penalizadas" y puedan beneficiarse de los recursos sociales. Asimismo, las cuantías de las ayudas se vincularán al Salario Mínimo Interprofesional, de manera que se actualizarán automáticamente cada vez que aumente este indicador.
La Consejería también ampliará la duración del alojamiento alternativo de urgencia. El periodo inicial pasará de 15 a 30 días, con posibilidad de prorrogarse otros 30 y alcanzar hasta tres meses en los casos necesarios debido a las dificultades para encontrar vivienda en la ciudad.
En materia sanitaria, se incorpora una nueva ayuda destinada a sufragar desplazamientos a la península por motivos médicos. Esta prestación cubrirá los gastos de pacientes y familiares con un máximo de 1.500 euros anuales por persona.
También se amplía el periodo de las ayudas para pañales, toallitas higiénicas y productos de aseo infantil, que pasarán de tres a seis meses, con posibilidad de prórroga hasta un año.
Otra de las medidas anunciadas afecta al Ingreso Melillense de Integración. La cuantía mínima se incrementará hasta el 60 % del Salario Mínimo Interprofesional. De este modo, una persona que actualmente percibe 328 euros pasará a recibir 680 euros, mientras que una familia de cinco miembros verá aumentada la ayuda de 565 a 1.143 euros.
El nuevo reglamento también contempla un incremento de la financiación destinada a plazas en centros especializados para personas con trastornos de salud mental, pasando de 3.000 a 4.500 euros mensuales, equiparándose al coste real de estos recursos en la península.
Asimismo, se modifica el sistema de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio. En lugar de excluir automáticamente a quienes superen el baremo económico, se establecerán distintos niveles que permitirán mantener la prestación con un número variable de horas según la situación de cada solicitante.
La consejera informó igualmente de que se está tramitando la conversión del Centro Asistencial en una fundación para mejorar la atención a las personas mayores. Paralelamente, se ha elaborado un reglamento contra el absentismo escolar que busca coordinar la actuación de la Administración, los centros educativos y las familias para prevenir el abandono escolar.
Entre las nuevas actuaciones figura la convocatoria de ayudas para enfermos neurológicos y sus familias, dotada inicialmente con 300.000 euros y cuyas bases serán modificadas para facilitar el acceso a un mayor número de beneficiarios.
El programa también incorpora nuevas líneas de colaboración con colegios profesionales. Una de ellas financia tratamientos de reproducción asistida para mujeres residentes en Melilla, con ayudas de hasta 4.000 euros por familia. Este año cuenta con una dotación de 150.000 euros, destinada a atender a 37 familias.
Además, se pondrá en marcha el copago farmacéutico para pensionistas con tarjeta sanitaria TSI2. La medida permitirá que alrededor de 9.200 pensionistas obtengan gratuitamente los medicamentos prescritos por el Sistema Nacional de Salud. El trámite podrá realizarse directamente en las farmacias colaboradoras, evitando desplazamientos a la Consejería.
Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio con el Colegio Oficial de Odontólogos para financiar tratamientos bucodentales destinados a personas vulnerables, con el objetivo de facilitar el acceso a una atención odontológica que muchas familias no pueden asumir por su elevado coste.
