El expresidente de Melilla y líder de la formación política Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, ha denunciado ante la jueza que investiga el caso Santiago-Rusadir que "no se le está garantizando la presunción de inocencia ni el principio de igualdad".
En la comparecencia en sede judicial, a la que ha tenido acceso EFE, Aberchán se negó a declarar, pero pidió permiso a la jueza para manifestar que no se le estaba garantizando el principio de igualdad ni la presunción de inocencia, “dos pilares fundamentales” en el Estado de derecho que “no sólo hay que garantizar, sino parecer que se está garantizando”.
“Quiero decir esto porque he hecho un ejercicio muy fuerte en paciencia, en contenerme, en creencia al Estado de derecho y en respeto a su señoría”, agregó Aberchán ante la jueza.
También recordó que tiene 67 años, lleva 40 trabajando en España como médico cirujano y ha estado dedicado a la vida política 25, la mayoría en la oposición, aunque también ostentó “alta responsabilidad como la presidencia de esta ciudad” y siempre ha vivido y vive actualmente “en la fuerza del Estado de derecho, desde el primer escalón hasta el último”.
En declaraciones a EFE, el portavoz jurídico y miembro de la Ejecutiva de CpM, Isaac Fernández, ha explicado que Aberchán, al igual que la gran mayoría de las personas investigadas citadas, no están prestando declaración porque la jueza basa las declaraciones “en un supuesto atestado resumen” que no se les ha notificado.
“Están yendo a declarar sin saber sobre lo que van a declarar”, de ahí que se acojan a su derecho a no responder en estas citaciones que, según CpM, se están realizando de una manera masiva, “a más de 100 personas, a algunas hasta tres veces” por tratarse de varias piezas.
También ha destacado que “curiosamente, estas citaciones han coincidido con un periodo electoral, cosa que en Melilla suele pasar”, lo que se une a “una especie de pena de telediario” que CpM considera que se está dando y que le lleva a “sospechar que hay un trasfondo de utilización política de este procedimiento”.
El portavoz jurídico de CpM ha denunciado asimismo que se está provocando “una auténtica muerte civil de los investigados” porque las medidas cautelares impuestas a los investigados en la operación Santiago-Rusadir no han sido revisadas desde hace más de tres años pese a que muchas han sido recurridas.
Entre ellas, ha citado la retirada del pasaporte y el embargo de su patrimonio, lo que impide que algunos de ellos visiten a sus familiares que residen fuera de España o, en caso de algunos empresarios investigados, el despido de sus trabajadores al no poder operar por las medidas cautelares.
De ahí que CpM considere que no se está respetando el principio de igualdad porque, según su portavoz jurídico, “en ningún procedimiento en España con acusaciones similares se han aplicado este tipo de medidas y, además, con justificaciones que en su caso fueron racistas.
Se refiere así a un informe policial que señala, textualmente, “y atendiendo a la cultura musulmana, es un factor inquebrantable que asegura la comisión de delitos”, algo que “se modificó por la Policía y no se ha notificado a las partes hasta casi tres años después”.
CpM considera que “hay motivos de nulidad de muchas actuaciones que se han realizado” en este procedimiento, sobre el que su portavoz jurídico está convencido de la inocencia de los investigados porque se basa en “elucubraciones, insinuaciones y deducciones de la Policía” y “no hay pruebas que sirvan para condenar a nadie de nada”.
