El líder de Coalición por Melilla (CpM) y expresidente de la Ciudad Autónoma, Mustafa Aberchán, se acogió el pasado viernes 23 de octubre a su derecho a no declarar ante la jueza que instruye el caso Santiago-Rusadir. Según ha podido saber El Faro, no fue el único. Todos los investigados que han comparecido en estos días siguieron la misma estrategia, aconsejados por sus abogados, que alegan no haber tenido acceso todavía a todas las actuaciones pese a que el secreto de sumario se levantó hace meses.
Las comparecencias de estos días se enmarcan en las piezas principales del sumario, las que investigan la presunta compra de voto por correo en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, la contratación menor durante la etapa cepemista en el Gobierno (2019-2023) y la existencia de una organización criminal, según establecen las acusaciones. El calendario judicial continuará este viernes, 30 de octubre, con una nueva jornada de declaraciones.
El argumento de las defensas es que sus clientes siguen sin disponer del contenido íntegro de la causa. La instructora, Carmen María Perles Sánchez, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Melilla, levantó en mayo el secreto de la causa principal y de las piezas primera, cuarta y quinta. Lo hizo después de que, desde octubre de 2025, se fueran incorporando al procedimiento distintos informes policiales sobre el contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos.
Aberchán tiene ya otra cita pendiente. El próximo 8 de enero deberá comparecer como investigado en la pieza quinta, la que indaga una presunta financiación ilegal de CpM. Así lo acordó la jueza en una providencia del 8 de octubre, a la que tuvo acceso El Faro, que fija cuatro jornadas de declaraciones a lo largo de enero para 26 personas y 12 sociedades.
En esa misma pieza están citados siete dirigentes cepemistas que formaron parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma entre 2019 y 2023: Fátima Mohamed Kaddur, Rachid Bussian, Yonaida Sel-Lam, Hassan Mohatar, Cecilia González Casas, Mohamed Ahmed Al-Lal y Dunia Almansouri. Bussian y Mohatar tendrán que pasar antes por el juzgado, ya que están citados el 4 de diciembre en la pieza cuarta, que investiga un presunto blanqueo de capitales derivado de adjudicaciones presuntamente irregulares.
Según fuentes consultadas por este diario, la citación de la pieza de financiación llegó después del volcado de teléfonos móviles y del análisis de otra documentación aportada a la instructora por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla. Esas mismas fuentes vinculan la presunta financiación ilegal con contratos menores adjudicados por la Ciudad Autónoma.
El caso Santiago-Rusadir se abrió en abril de 2023 por presuntos delitos de organización criminal, fraude electoral, malversación, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos, entre otros. La causa principal investiga una supuesta trama dedicada a manipular los procesos electorales celebrados en Melilla desde 2019 mediante la compra de voto por correo y el control de la población a partir de una presunta base de datos ilegal que, en origen, procedería del padrón municipal.
La instrucción se divide, además, en seis piezas separadas. La tercera analiza supuestas adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos que, según la jueza, habrían servido para costear la compra de votos.
Aberchán fue detenido el 5 de marzo de 2024 en Santander, donde asistía a un congreso médico, y pasó 72 días en prisión provisional. También ingresaron en prisión los exconsejeros Mohamed Ahmed Al-Lal, Dunia Almansouri, Rachid Bussian y Hassan Mohatar, así como la expresidenta de Emvismesa, Yonaida Sel-Lam, que salió bajo fianza tras pasar una noche en la cárcel.
La jueza acordó además un embargo de más de dos millones de euros al líder de CpM y la imposición de medidas cautelares a los principales dirigentes investigados, que debieron entregar su pasaporte y comparecer dos veces al mes en el juzgado para mantener la libertad provisional.
El propio Aberchán rompió su silencio en junio de 2025 en una entrevista en Televisión Melilla, recogida entonces por EFE. En ella sostuvo que su ingreso en prisión y el de los exconsejeros vulneró derechos fundamentales. “Nos metieron en prisión desde la óptica de la ignorancia en derechos, vulnerando derechos fundamentales”, afirmó. También consideró que el objetivo de la operación era “cargarse” a CpM, aunque no respondió a la pregunta de si tuvo relación con la presunta trama de compra de votos.
Desde la formación cepemista se ha reiterado en varias ocasiones la presunción de inocencia de sus dirigentes y se ha denunciado una supuesta persecución política. La instrucción continuará con nuevas citaciones el 30 de octubre, el 4 de diciembre y en enero.
