El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realizó en 2010 cinco visitas a la ciudad destacando la situación de “hacinamiento” en la Jefatura Superior de Policía.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), organismo dependiente del Defensor del Pueblo, publicó ayer un informe en el que se recogen las principales deficiencias detectadas en los calabozos, principalmente, en la Jefatura Superior de Policía. No obstante, en las cinco visitas que el MNP realizó a Melilla durante 2010 también acudieron a la Comandancia de Melilla, los juzgados, el puesto fronterizo de Beni Enzar y el establecimiento disciplinario militar de la ciudad.
El informe refleja, en el caso de los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, un “hacinamiento” que se produce en ocasiones a causa de los criterios de acomodación de los detenidos en los calabozos por sexo, nacionalidad, modalidad de la detención y naturaleza del delito atribuido. En este sentido, el informe concreta que en una de las visitas se observó que en un calabozo “se agrupaban seis personas, algunas de las cuales debían dormir en el suelo” mientras que en otras celdas había una o dos personas únicamente. Por ello, recomiendan una optimización del espacio total disponible.
Por otra parte, el MNP también solicitó a la Jefatura Superior prestar atención a la regulación de la temperatura así como las condiciones lumínicas de los calabozos. En este sentido, señalaron que éstas no eran las “adecuadas”, ya que había luminarias fundidas en algunas de las celdas por lo que, recomendaron la instalación de un control de encendido y apagado de luces. Además, y en aras de mejorar la vigilancia de los detenidos también se pidió la instalación de monitores de visualización de las imágenes de videovigilancia en la zona de custodia.
Área de Menores
Otro de los aspectos reseñados por el MNP fue la necesidad de sustituir la puerta del calabozo de Menores, “ya que los barrotes del ventanuco podrían ser utilizados por los detenidos para causarse lesiones o intentar suicidarse”. De hecho, el informe refleja que en septiembre de 2009, “una detenida se autolesionó, falleciendo tres meses después.
En relación a los calabozos de los juzgados de Melilla, el MNP observó que la capacidad máxima de los mismos “es superada por la ocupación real”. Así, destacaron problemas de “hacinamiento” con cerca de una veintena de personas compartiendo el mismo espacio por lo que recomiendan una reforma de ampliación de estos calabozos judiciales.
En cuanto a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil el informe no reseñan deficiencias y únicamente destaca que se realizaron el año pasado un total de 483 detenciones con ingreso en calabozo.
Por último, otra de las visitas se realizó al establecimiento disciplinario militar, gestionado por el Ejército de Tierra y con una capacidad para 33 militares. “Las temperaturas comprobadas el día de la visita en las zonas de arresto eran adecuadas. No obstante, estas instalaciones no cuentan con un sistema de climatización para otras épocas del año”, reza el informe, algo que a juicio del MNP debe evaluarse y corregirse.
Principales conclusiones del informe del MNP
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realizó el pasado año un total de 231 visitas a lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional. Las principales conclusiones de este informe destaca la “preocupación” por la exposición mediática de los actos de detención tanto en programas de información como de entretenimiento. “Las fuerzas policiales deben extremar el celo a fin de impedir este tipo de situaciones, dado que constituyen por sí mismas tratos degradantes” para los detenidos, destaca el MNP.
Por otro lado, señala como algo “fundamental” para la prevención de la tortura que se permita el acceso a un abogado en el periodo inmediatamente siguiente al inicio de la privación de libertad. En este sentido, el informe también señala que la “gravedad de los delitos de tortura y de los otros tratos lesivos exige una resuelta actuación de investigación por parte dle Poder Judicial “hasta sus últimas consecuencias”.
El MNP también pide una revisión de la eficacia en la aplicación de las detenciones incomunicadas que únicamente se realiza para evitar que se eliminen pruebas o la difusión de la detención se extienda entre los componentes de una banda o grupo organizado y eludir la acción de la justicia e impedir que la organización criminal pueda ejercer presión sobre el detenido para que éste dificulte la investigación. En este sentido y ante la difusión mediática que tienen este tipo de detenciones en relación a bandas armadas o elementos terroristas, las razones para acometer una detención incomunicada “pierden fuerza”.
Por último, el MNP recomienda el uso generalizado de la videovigilancia y la videograbación para prevenir comportamientos “indebidos” por parte del personal que presta sus servicios en lugares de privación de libertad.
