La huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, convocada en todo el territorio nacional, ha tenido poco seguimiento en Melilla. Los objetivos principales han sido la reclamación de salarios dignos, el desbloqueo de la negociación colectiva y el acceso a una vivienda asequible. Los propios sindicatos (CCOO, UGT y SATE-STES) han reconocido esta baja participación en la ciudad autónoma.
Según la administración, los datos varían pero comparten el mismo punto de una huelga con poco impacto en la ciudad. En la Delegación del Gobierno el paro fue secundado por el 3,2% de la plantilla y en el Ingesa lo hicieron 6 de los 796 trabajadores convocados en el turno de mañana. En el turno de noche, no hubo ningún persona que secundara la huelga de los 97 convocados.
En la enseñanza, SATE-STES cifró en 93 los docentes que pararon, a falta de los datos del turno de tarde de los institutos, pero con casi la mitad de la plantilla de la Escuela de Artes en huelga. Según el sindicato, también se ha unido la mayoría del alumnado de los institutos, sobre todo a partir de 3.º de ESO.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), Enrique Alcoba, reconoció a El Faro de Melilla que no disponía de datos oficiales, pero aseguró que las empresas abrieron y consideró que la incidencia de la huelga ha sido “mínima”.
De hecho, ese fue el ambiente principal en el centro de la ciudad. Parecía un día laboral como otro cualquiera: los comercios y los locales de hostelería estaban abiertos, así como diversas oficinas o el sector de la construcción, que se le vio operando un día más.
Concentración de tarde
En la tarde de este miércoles, los convocantes se concentraron junto al Monolito de la Constitución, frente a la Delegación del Gobierno, donde leyeron el manifiesto el secretario general de UGT Melilla, Javier Valenzuela; la secretaria general de CCOO Melilla, Mª Ángeles Asensi, y Rosa Delia Morales, miembro del secretariado de SATE-STES.
Valenzuela atribuyó la convocatoria a la dificultad de vivir con los salarios actuales ante el aumento del coste de la vida, y señaló la vivienda como un factor de desigualdad que golpea sobre todo a los jóvenes. La huelga, dijo, se dirige contra los partidos, los diferentes gobiernos, tanto el central como los autonómicos, y la patronal, a la que reprochó llevar más de un año sin negociar la renovación del acuerdo estatal de negociación colectiva. La definió como una protesta laboral y social, “no partidista”, y como el último recurso tras varias iniciativas sin avances.
Asensi detalló las reivindicaciones de CCOO: subidas salariales del 4% anual y de hasta el 7% para los sueldos más bajos, con cláusulas de revisión, más estabilidad en los alquileres, protección frente a los desahucios e impulso a la vivienda pública. Para justificar la movilización, citó una inflación del 4,9% en septiembre, una subida interanual del precio de la vivienda del 12,2% en el segundo trimestre y unos márgenes empresariales del 12,8%, frente a una media del 10,5% entre 2009 y 2021.
Morales reclamó, entre otras medidas, una inversión de al menos el 5% del PIB en educación, la recuperación de las pagas extraordinarias íntegras, la reducción de ratios y la jubilación a los 60 años. También vinculó vivienda y enseñanza, con docentes que renuncian a plazas por el precio del alquiler y alumnos cuya precariedad residencial condiciona sus oportunidades. “La vivienda también es una cuestión educativa”, afirmó.
Tras la lectura, Valenzuela explicó la menor respuesta local en que el problema de la vivienda, aun siendo “muy grave” en Melilla, no alcanza la magnitud de Málaga, Barcelona, Madrid o Palma de Mallorca. De este modo, pidió a las administraciones que liberen suelo y construyan viviendas “que puedan pagar los trabajadores de Melilla”, en lugar de ver ofertas de 400.000 euros por piso.
Asensi añadió que más de 15.000 personas cobran en la ciudad el Ingreso Mínimo Vital, lo que a su juicio refleja la precariedad existente, y aseguró que los sindicatos seguirán exigiendo soluciones al Gobierno.
Esta huelga se produce 14 años después de dos parones de los trabajadores en el 2012, contra la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy y
España vuelve a tener una huelga general después de 14 años, cuando se protestó contra la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.
