A la espera de que el Gobierno se pronuncie acerca de cómo va a afectar la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la Ciudad Autónoma, de principio se puede decir que hay un par de iniciativas melillenses que podrían quedar en agua de borrajas y que no son poca cosa. Una de ellas es la vuelta al anterior sistema de bonificación de las cuotas patronales a la Seguridad Social; la otra, la posibilidad de que las líneas aéreas de Málaga y Madrid pudieran ser declaradas como Obligación de Servicio Público (OSP). Ambas cuestiones están muy relacionadas con el desarrollo económico de Melilla y todo hace indicar que, lamentablemente, no van a poder salir adelante en este año 2024.
Si no hay OSP para esas dos conexiones aéreas, que suponen el 80% de los vuelos que se realizan desde y hacia la ciudad, la industria turística y la posibilidad de implantar empresas de base tecnológicas sufrirán considerablemente. Solo poniendo un tope en los precios de los billetes de Málaga y Madrid que resulte razonable permitirá que los no residentes puedan venir a Melilla, además de aliviar las arcas melillenses, que actualmente gasta hasta 5 millones de euros en bonificar al 75% el coste del vuelo.
Esa OSP es la que favorecería también que se fije el número de frecuencias que se quiere tener con las dos capitales ya reseñadas. Es decir, Melilla podría disponer de un auténtico puente aéreo con Málaga, lo que, a su vez, la conectaría con el mundo. La ciudad tendría más de cien destinos a solo 40 minutos desde que se llegara al aeropuerto malagueño. Por eso es tan importante que fuera servicio público porque la conectividad es una de las primeras exigencias de las empresas tecnológicas que pudieran desplazar sus sedes a Melilla provechando las ventajas fiscales que se le ponen por delante, inexistentes en cualquier otro punto de Europa. Es decir, tributación muy atenuada con una ciudad con la seguridad jurídica europea, ahí es nada.
Pero sin esos PGE, solo con la prórroga de los que se hicieron para 2023, no va a ser posible que esas líneas aéreas sean declaradas de servicio público. En cualquier caso, no parece tampoco que el Ministerio de Transporte del Gobierno de España esté muy por la labor. Un mes después de que el presidente Imbroda le mandara el escrito con el acuerdo del Consejo de Gobierno pidiendo esa medida, no ha habido ni respuesta. Tampoco se les ha dicho nada cuando la Ciudad Autónoma participó en el grupo de transportes en la Delegación del Gobierno. Por ahora, solo silencio o buenas palabras sin concretar una postura, según confirmó la portavoz del Ejecutivo melillense, Fadela Mohatar, en una reciente rueda de prensa.
Y en cuanto al 50% de la bonificación a la Seguridad Social, se está a la espera de ver qué va a pasar. Hasta ahora nadie se ha pronunciado sobre si podrá retrotraerse al sistema anterior al 1 de septiembre de 2023 o tendrá que quedarse la cosa como está. Lo único que se sabe es que el PP aprobó su propia proposición ley para recuperar ese aspecto tan destacado del especial régimen económico de Melilla y que el PSOE, el mismo día, dijo que habría vuelta atrás, eso sí, sin fecha para la tramitación legislativa.
