El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja en la modificación de la Ley de Asilo para conseguir que las solicitudes presentadas en Melilla y Ceuta se tramiten y se resuelvan en el plazo máximo de 10 días. De esta forma, prevé hacer frente a la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce a los solicitantes de asilo en las ciudades autónomas el derecho a la libre circulación por el territorio nacional.
En la práctica lo que está pasando es que todo aquel que pide asilo en Melilla, independientemente de que su solicitud tenga o no consistencia, termina marchándose a la península porque los trámites se dilatan en el tiempo. Con el carnet rojo de solicitante de protección internacional nadie puede impedir a un refugiado seguir camino a Europa, una vez que pasa el mes establecido para notificar si ha sido o no admitida a trámite una solicitud. Ésta, en teoría, debería resolverse en seis meses, pero siempre se va más allá en el tiempo.
De momento no hay fecha para la reapertura de la frontera con Marruecos, pero tarde o temprano, a juzgar por las preocupaciones del Gobierno, ese día llegará.
La práctica ha demostrado que la mayoría de las 6.500 peticiones de asilo registradas en Melilla y Ceuta en 2021 son de ciudadanos marroquíes. Por esa vía se han ido a la península los panaderos que han dejado bajo mínimos las confiterías y panaderías de la ciudad y también trabajadoras del sexo, lo que, incluso, ha obligado a cerrar conocidos locales de citas.
La avalancha de peticiones de asilo de marroquíes en Melilla puede ser brutal en cuanto reabra la frontera. Antiguamente y hablo del año 2012, 2013, nadie pedía asilo en nuestra ciudad porque tramitar aquí una solicitud de protección internacional, te obligaba a permanecer varado meses y hasta años en este pequeño territorio europeo de 12 kilómetros cuadrados. Y lo que es peor, sin posibilidades de encontrar trabajo y viviendo en un CETI siempre congestionado y al límite de su capacidad.
En tiempos del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, esta situación se regularizó de manera que empezaron a acortarse los plazos de tramitación de la solicitud de asilo. La cosa iba medianamente bien hasta que la sentencia del Supremo reconoció que el derecho al asilo no puede respetarse según qué territorios. No es un derecho sujeto a limitaciones geográficas y por tanto no se puede tapar el mal funcionamiento del sistema de asilo con la vulneración consentida de la ley.
Respetar la legislación vigente tiene en Melilla un punto importante. Nuestra ciudad multiplica por seis la renta de Nador lo que significa que para los del otro lado de la frontera, vivir aquí es básicamente aspirar a una vida mejor, con empleo y servicios básicos gratuitos.
Por eso el temor a lo que nos viene encima. Por eso urge evitar que la avalancha de peticiones desborde la Oficina de Asilo de Beni Enzar, donde incluso se han registrado colas de madrugada durante la pandemia.
Esa congestión de la Oficina de Asilo no se debió a un incremento de la llegada de inmigrantes irregulares a la ciudad sino a que muchos marroquíes sin documentación residentes irregulares en Melilla aprovecharon esta vía para salir hacia la península o seguir camino hacia Europa en busca de más oportunidades existenciales o laborales.
El Gobierno es consciente de lo que está por venir y por eso baraja aplicar a las ciudades autónomas lo que se conoce como procedimiento de fronteras, que es el que se aplica en aeropuertos y los CIEs (centros de internamiento) y que consiste en admitir o denegar las solicitudes en 4 días, ampliables hasta un máximo de 10.
El tiempo que se tarda en resolver la solicitud el inmigrante permanece bajo custodia policial hasta que se aprueba o se deniega su solicitud. En caso positivo, el refugiado puede ver reconocidos sus derechos en tiempo récord. En caso negativo debe ser expulsado inmediatamente. Pero ahí surge otro punto importante. ¿Qué pasa si Marruecos decide no colaborar y no recibe de vuelta a quienes no tienen para comer o para vivir en su país?
Tal y como están las relaciones con Marruecos, es casi una quimera creer que las autoridades del país vecino van a aceptar las repatriaciones con agilidad no sólo de sus nacionales sino también de todos los subsaharianos a los que se les deniega la petición de asilo porque la ley contempla que deben ser retornados al país de tránsito (o de origen, en el caso de los marroquíes), que en este caso sólo puede ser Marruecos.
En estos momentos hay cuatro ministerios trabajando en buscar una salida al problema y según explica El País, está siendo difícil que se pongan de acuerdo. De momento es la Policía Nacional, en el Ministerio del Interior, quien más interés está mostrando en buscar una solución al problema que se nos avecina porque son conscientes de que los migrantes económicos utilizarán esta vía del asilo para cruzar a la península.
En el otro lado de la balanza está Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que apoya la agilización del proceso, pero exigiendo garantías de que se estudiarán en profundidad los casos para evitar que con las prisas, las verdaderas víctimas queden desprotegidas.
Previsiblemente, miles de marroquíes residentes en Nador, que no necesitan visado para entrar en Melilla, terminarán pidiendo asilo aquí. Si son rechazados y Marruecos no colabora, quedarán atrapados en un limbo legal en la ciudad. Lo peor, como teme el Gobierno, está por venir. Así que es mejor tener todas las herramientas jurídicas a mano, atadas y bien atadas, antes de dar el paso de abrir la frontera.
El cachondeo y la buena vida se va a terminar. El que quiera ayudas y servicios que los pague, o que los exija en Marruecos, ya que su rey los quiere tanto y los cuida tan bien.
Estoy al 200% con usted, Anabel. Melilla tiene que dejar de ser un coladero de marroquíes y de vividores del cuento