Las grandes estafas inmobiliarias que se registraron en España en los años 60 originaron la Ley 57/1968. Un fenómeno similar se ha sucedido en el siglo XXI, tras estallar la burbuja inmobiliaria, lo que ‘inesperadamente’ ha devuelta la actualidad a aquella normativa.
El presidente de la Sala I del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, expuso ayer en las Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo en la UNED cómo precisamente aquella ley se ha vuelto a ‘poner de moda’, en el sentido de que ha venido a solucionar los problemas derivados del ‘boom’ inmobiliario.
“La Ley 57/1968 está demostrando ser muy eficaz para proteger los derechos de los compradores de viviendas sobre plano, es decir, que anticipan una cantidad de dinero y que puede suceder que la promoción no se termina, con lo que entregaron ese dinero a cambio de nada. La normativa les asegura la recuperación del dinero”, explicó.
Marín Castán recordó la polémica suscitada por dos compañías aseguradoras que discutían sobre la responsabilidad que debían asumir si la construcción de las viviendas no finalizaba, especialmente, en el caso de las cooperativas. La sentencia del Supremo de septiembre de 2013 zanjó el debate y obligó a las aseguradoras a devolver el dinero a los cooperativistas, lo que ha solucionado los problemas de “muchos miles” de personas, destacó el magistrado.
“A partir de esa sentencia, los litigios pendientes se terminaron y los que se iban a empezar, no comenzaron porque las aseguradores respondieron”, subrayó Marín Castán.
