El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha confirmado la condena de siete años y seis meses de prisión y dos millones de euros de multa impuesta a Mourad G. I. por transportar desde Málaga hasta Melilla 10,630 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un turismo. La Sección de Apelación Penal, con sede en Granada, ha desestimado todos los motivos de su recurso en una sentencia fechada el pasado 1 de octubre.
El fallo ratifica íntegramente la resolución dictada el 6 de mayo de 2026 por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla, que lo condenó por un delito contra la salud pública con la agravante de notoria importancia. La pena incluye también la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y el decomiso de la droga y del vehículo.
Según los hechos probados, el condenado viajó el 6 de noviembre de 2022 en el buque de Trasmediterránea que cubre la línea Málaga-Melilla, junto a otro implicado ya condenado en la misma causa. Las 10 tabletas de cocaína, con una pureza del 84,34%, estaban valoradas en 723.589,70 euros y viajaban escondidas en el suelo de un Nissan Qashqai.
La Guardia Civil lo detuvo en el puerto de Melilla, ya en la madrugada del 7 de noviembre, en el momento en que se hacía cargo del coche para desembarcarlo. Su acompañante había abandonado el barco a pie.
La defensa planteó la nulidad de la investigación por considerarla prospectiva y centrada en un principio en el otro acusado. El tribunal lo rechaza y sostiene que las pesquisas se extendieron después a Mourad G. I. sobre bases objetivas, por su estrecha relación con el resto de implicados y con el vehículo utilizado.
Tampoco prospera la impugnación de las escuchas telefónicas. La Sala considera que la petición de la Guardia Civil aportaba datos concretos: el acusado intervino en la importación y matriculación del Nissan, fue visto conduciéndolo y facilitó su propio teléfono al comprar el pasaje de su compañero.
El recurso alegaba además la ruptura de la cadena de custodia, apoyándose en un escrito de la Guardia Civil que afirmaba que esta no existía. El TSJA califica la frase de confusa y explica que la droga estuvo siempre bajo control del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), sin pasar por otras manos.
Los magistrados descartan igualmente la vulneración del derecho a un juez imparcial. La defensa no recusó en plazo al tribunal de instancia, cuyos miembros ya habían resuelto en 2023 un recurso sobre su libertad provisional. Según la Sala, esa resolución no valoró su culpabilidad.
Por último, el tribunal niega que se haya vulnerado la presunción de inocencia. A su juicio, el hallazgo de la droga en el coche que conducía constituye prueba directa. Esa prueba se ve reforzada porque el acusado compró los billetes de ambos y asoció el vehículo a su propio pasaje.
La sentencia, de la que es ponente el presidente de la Sección, Rafael García Laraña, no es firme. Contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
