La formación del nuevo Gobierno de la Ciudad no ha sido fácil. El propio presidente Imbroda lo vino a decir ayer en el discurso que pronunció a modo de colofón del acto que puso el punto final a varios días de filtraciones e hipótesis varias en los que los cargos del nuevo ejecutivo local han ido bailando, quizás en exceso en algunos de los casos.
Imbroda expuso varias ideas que por subrayadas venían a constituir claras claves de lo que ha sucedido en estos días previos a la formación del nuevo Gobierno local. Reiteró en más de una ocasión que los cargos ejecutivos son transitorios, que nadie puede tomárselos como puestos inamovibles a los que tengan derecho por mandato divino. “Estamos aquí –insistió- por mandato popular y tenemos el privilegio de trabajar por lo más grande para nosotros como melillenses, que no es otra cosa que Melilla”.
Para algunos su discurso se dirigía abiertamente a quienes, en la asignación de nuevas responsabilidades, se habían visto ninguneados en beneficio de otros que habían sido llamados a dirigir lo que se ha venido a nombrar macroconsejerías, caso del área que dependerá de Daniel Conesa o del área más abultada también en competencias que ha sido asignada a Miguel Marín.
Los ojos miraban a María Antonia Garbín, a quien en principio costó digerir que se la apartara de Bienestar Social para mandarla a Seguridad Ciudadana. Sus reclamos lograron en primer término asignarle también a ella un macroárea, que reuniera las hasta ahora dos consejerías en una sola, pero finalmente no han prosperado y el presidente, fiel a su idea inicial, las ha mantenido separadas, con Garbín sin embargo “inamovible” en el área de Servicios Sociales y el inicialmente llamado a ser viceconsejero del mismo departamento de Bienestar Social, caso de Javier Calderón, como nuevo consejero finalmente de Seguridad Ciudadana.
El desencanto en María Antonia Garbín no se dejó notar ayer pero podía imaginarse. Como dato añadido y que no pasó inadvertido, la ausencia en la toma de posesión del nuevo Ejecutivo del anterior responsable del área de Policía Local. Más aún cuando Ramón Antón, hasta ayer, no había dejado de acudir a ninguno de los actos solemnes derivados de la nueva constitución de la Asamblea y sus órganos de poder.
Los más críticos no dudaban en comentar que se había producido una ‘minicrisis’ antes incluso de formarse el nuevo Gobierno local. En mi opinión, el presidente tenía una patata caliente, porque formar Gobierno, como él mismo dijo ayer, es una cuestión que pasa por las personas, algunas de ellas de demostrada lealtad a él mismo y a la Ciudad Autónoma, que supongo en ningún caso pretendía defraudar.
Sin embargo, la formación de un Gobierno siempre va más allá, debe aunar criterios muy diversos, buscar el modo también de ser reflejo de la realidad melillense sin dejar de lado la necesaria renovación.
El nuevo ejecutivo se merece sus cien días antes de que empecemos a valorar los nuevos cargos, su experiencia o idoneidad para los puestos que han sido asignados, sobre todo en lo que respecta a las siete nueve incorporaciones que provienen de sectores y profesiones muy diversas.
La política, en cualquier caso, ni debe ser una profesión ni está reservada a los expertos en las distintas ramas de gestión o a los licenciados en Ciencias Políticas. El derecho a participar en los asuntos públicos nos alcanza a todos y, en parte, debe constituir también un deber para los activos ciudadanos que realmente deseen una democracia participativa.
En esa tesitura, sólo puede concebirse como un servicio. Aquel político que no lo entienda así acabará condenado al fracaso, porque bajo ningún supuesto puede ser una profesión que pueda servir de ocupación de por vida, ni tampoco una oportunidad para la promoción personal, la mejora del curriculum o el beneficio personal. Las urnas al final ponen a cada uno en su sitio y mucho antes los propios partidos políticos empiezan a cribar a quienes realmente no merecen el puesto para el que han demostrado no estar a la altura.
Sé que los políticos están muy desprestigiados, que los casos de corrupción hacen que el recelo planee sobre la totalidad de ellos, pero ni todos los políticos son iguales ni es posible que constituyan una casta a extinguir. Al contrario, sin la participación política la democracia no existe, y el cargo de Gobierno no es más que el ejercicio máximo de una participación política que, como digo, se nos reconoce como un derecho fundamental a todos los españoles en la Constitución española pero que a su vez también debería constituir un deber inexcusable para quienes creen o reclaman una democracia verdaderamente participativa.
En suma, una vez normalizado por fin el engranaje de la nueva Asamblea y órganos de gobierno de la Ciudad, miremos de una vez hacia delante y trabajemos todos por Melilla, cada uno en su puesto pero con total compromiso, porque, a fin de cuentas, esta ciudad, con sus problemas, su paisaje y su paisanaje, es y representa muchísimo para todos los que somos o nos sentimos melillenses.
