Melilla ha sido, una vez más, ignorada. El Gobierno de España ha aprobado un decreto anticrisis dotado con 5.000 millones de euros con el objetivo de aliviar la carga económica de los ciudadanos. Sin embargo, en esa lluvia de millones no hay ni una sola gota para esta ciudad. Melilla queda fuera. Excluida. Apartada. Y todo ello bajo una justificación que resulta tan endeble como indignante: su régimen fiscal especial, el mismo que en otros territorios sí ha sido tenido en cuenta para no dejarlos atrás.
El agravio es evidente. Mientras Canarias sí aparece recogida en el decreto con mención expresa a su singularidad tributaria, Melilla ha sido directamente ignorada. No es un olvido técnico. Es una decisión política. Y como tal, tiene responsables.
Pero si hay algo que resulta aún más preocupante que la propia exclusión es la actitud de quien debería haber defendido con firmeza los intereses de los melillenses: la delegada del Gobierno. Porque lejos de plantar cara, de exigir explicaciones o de reclamar una rectificación, ha optado por la sumisión más absoluta. Ha asumido el discurso oficial, lo ha respaldado y lo ha defendido, aun sabiendo que perjudica directamente a la ciudadanía, a sus propios vecinos.
No estamos ante una simple falta de iniciativa. Estamos ante una dejación de funciones en toda regla. La Delegación del Gobierno no puede convertirse en un mero altavoz de Moncloa, ni en una sucursal política donde se repiten consignas sin cuestionarlas. Su razón de ser es precisamente la contraria: servir de puente, de interlocutor y, cuando es necesario, de dique de contención frente a decisiones que perjudican al territorio.
Aquí no ha habido nada de eso. Ni una sola señal de incomodidad. Ni una sola exigencia pública. Ni un mínimo gesto de defensa institucional. Solo obediencia. Solo alineamiento. Solo silencio cómplice ante una decisión que deja a Melilla fuera de unas ayudas diseñadas para el conjunto del país.
La pregunta es inevitable: ¿para qué sirve entonces una delegada del Gobierno que no defiende a su ciudad? ¿Cuál es su utilidad si, cuando llega el momento clave, se limita a justificar lo injustificable? Porque lo ocurrido no es un matiz técnico ni un debate administrativo. Es un perjuicio directo para miles de ciudadanos que seguirán soportando el impacto de la crisis sin el respaldo que sí tendrán otros españoles.
A esta situación se suma, además, el desconcierto generado por la reacción de CpM, que en su intento de repartir críticas termina desdibujando el foco del problema. Señalar al Ejecutivo local como si pudiera actuar con plena autonomía en materia fiscal no solo es impreciso, sino que contribuye a desviar la atención de la verdadera responsabilidad: la del Gobierno central, que es quien ha diseñado un decreto que excluye a Melilla.
Conviene recordar que cualquier modificación fiscal relevante por parte de la Ciudad Autónoma está condicionada por el visto bueno de Madrid, especialmente si afecta a los mecanismos de compensación estatal. Es decir, no solo se deja fuera a Melilla de las ayudas, sino que además se limita su margen de reacción. Un doble castigo que agrava aún más la situación.
En este contexto, la actitud de la delegada del Gobierno no es solo criticable, es incomprensible. Defender sin fisuras una medida que perjudica a los propios ciudadanos no es lealtad institucional, es subordinación política. Y cuando esa subordinación se antepone a los intereses de la ciudad, el resultado es exactamente el que estamos viendo: Melilla, una vez más, abandonada.
Porque lo ocurrido no es un hecho aislado, sino un síntoma. El síntoma de una representación débil, incapaz de hacerse oír donde realmente se toman las decisiones. Y eso, sencillamente, es algo que esta ciudad no se puede permitir.
Melilla no merece quedar fuera. Pero, sobre todo, no merece tener a alguien al frente de la Delegación del Gobierno que actúe como si eso fuera aceptable.
