El guardia civil que recibió el pasado martes una cuchillada en la mano por parte de un ‘gorrilla’ en la frontera de Barrio Chino estará de baja un mes.
Fue operado de urgencia y tras 25 puntos de sutura podrá recuperar la mano, gracias a que el cuchillo no tocó los tendones, según expresó ayer a El Faro, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Esta entidad y los sindicatos policiales, UFP y SUP, coincidieron en que la existencia de los ‘gorrillas’ es sabida por las autoridades, tanto la Comandancia de la Guardia Civil como la Delegación del Gobierno.
Estas personas actúan como autoridades ‘delegadas’ en el puesto fronterizo de Barrio Chino para ordenar el tránsito de porteadores. Hacen, deshacen y castigan a los que se intentan colar.
Esta labor de ordenación y vigilancia, se supone, está encomendada a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero se confía en estos ‘gorrillas’ para este trabajo.
Esta situación, conocida y consentida, pone en evidencia que en la frontera hacen falta, por lo pronto, más agentes. Así no se tendría que recurrir a personas que actúan como autoridad pública sin serlo.
Es de sentido común. Pero no parece que el sentido común vaya a aplicarse en este caso.
Después de lo ocurrido, lo lógico sería que tuviera consecuencias. La cuestión no es baladí. ¿A quién reclama las lesiones sufridas el guardia civil herido? ¿Al ‘gorrilla’? ¿A la Comandancia? ¿A la Delegación? ¿Es un atentado a la autoridad o es un mero accidente laboral?
La versión ofrecida ayer sobre lo ocurrido por parte de la Delegación del Gobierno en Melilla no despeja las dudas en ningún sentido. Lamenta lo ocurrido, lógicamente. Todos lo lamentamos, pero con lamentos no se va a ninguna parte.
Cualquier otro ciudadano, en las inmediaciones de un paso fronterizo, con un arma en la mano e hiriendo a un agente de la autoridad tendría como consecuencia directa una detención y un proceso judicial por la vía penal.
Pero este extremo no parece ser contemplado por la Delegación del Gobierno que recalca en su comunicado que el suceso fue “involuntario” y, por tanto, accidental. Faltaría más que fuera intencionado.
No parece importar que un acto de estas características vaya a quedar impune, si bien debería tener consecuencias penales y políticas.
¿Tenemos que aceptar, asumir y resignarnos a que otra agresión a los guardias civiles que desempeñan su labor en la frontera vaya a quedar impune? ¿Quién resarce el daño sufrido por este agente de la Benemérita? ¿El ‘gorrilla’ o el Estado?
En esta ocasión, la cuchillada ha sido en la mano, pero ¿y si la lesión fuera más grave?
¿Adoptará la Delegación o la Comandancia alguna medida al respecto?
