Pescaderos de Melilla pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron de que a partir del próximo día 15 de este mes la Delegación del Gobierno de Melilla les exigirá en la frontera de Beni Enzar el Documento Veterinario Común de Entrada (DVCE) que desde hace tiempo se exige a los importadores de frutas y verduras de la ciudad. También les pedirán la factura y una declaración jurada del importador en la que conste el lugar donde se ha realizado la compra.
Durante años hemos hecho la vista gorda y se ha dejado entrar pescado desde Marruecos con el visto bueno de un veterinario, pero ahora se ha decidido que vamos a hacer las cosas como tienen que hacerse. Si somos europeos lo somos para lo bueno y para lo malo.
Los pescaderos de la ciudad ya han mostrado su malestar por una medida que, no nos engañemos, les obliga a hacer trámites en un país donde cada cada gestión cuesta lo que dice la ley más lo que pide el funcionario de turno.
En ocho días tendremos delante al menos cuatro posibles escenarios. Uno, que Marruecos acceda a expedir todos los documentos sin poner pegas.
Dos, que el papeleo se atranque y Marruecos los expida cuando el pescado se haya podrido en las furgonetas. Tres, que el país vecino diga que no reconoce a Melilla y que por tanto no va a dar ningún certificado y en cuarto y último lugar, que los aduaneros aprovechen el filón para arañar comisiones de unos y otros.
Cualquiera de estos escenarios pondrá el precio del pescado fresco por las nubes en los mercados, bares y restaurantes de Melilla. Nos tocará comer sardina en lata o el congelado que venden los supermercados traído de la península. Eso tiene dos cosas buenas. Por una parte nos da garantías de que no somos carne de cañón del anisakis y por otra, que nuestro dinero se quedará en España.
La nueva exigencia de la Delegación del Gobierno tiene además una lectura política por más que se le quiera quitar hierro al asunto. No es de recibo que el país vecino cierre la Aduana de Beni Enzar y que no seamos recíprocos con su decisión. Donde las dan, las toman. Esto es política.
Desgraciadamente los pescaderos de las plazas de abasto sufrirán para aguantar el pulso que España le echa a Marruecos. Pero cuidado: quienes más pierden con esta medida son los pequeños pescadores de Nador que tienen en Melilla a sus mejores clientes.
Por eso creo que es difícil que se corte el suministro de pescado a la ciudad. Los melillenses somos el mercado natural del sector pesquero de Nador, aunque en la vecina provincia se trabaja en elevar la calidad del tratamiento del pescado para exportar a Europa.
El Rif estallaría si se corta el único sustento de cientos de familias de la provincia vecina.
La solución, buena para las dos partes, pasa por normalizar la entrada de pescado de la misma manera que se hizo con la fruta y la verdura. Si Marruecos no monta un negocio alternativo alrededor de la concesión de documentos necesarios para la importación, el precio subirá, pero el pescado seguirá entrando a Melilla y con mayores garantías sanitarias.
Eso sí, sería una vergüenza que la Delegación del Gobierno obligue a los pescaderos a pagar trámites de importación y que los cubos sigan entrando alegremente por la frontera.
Si los pescaderos tienen que pagar más hay que eliminar la competencia desleal. Un cubo de pescado no se esconde como un chicle. Si no se ve, se huele.
A ver si nos ponemos serios y cortamos ya el negocio. Por la frontera nos pueden colar un cubo, pero no las decenas que vemos en el Rastro o en los alrededores del Mercado del Real.
Si es todo legal, el juego tiene que tener las mismas reglas para todos. Y Marruecos, que apechugue. Esto es ajedrez. Todo acto tiene consecuencias.
