El juez decano de Melilla valora las primeras decisiones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien también propone el pago de una tasa para los recursos en 2º instancia.
Tras las medidas anunciadas ayer por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el juez decano de Melilla, Lorenzo Pérez Conejo, se mostró partidario de la decisión de despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ministro informó que se ajusta a la Constitución que los propios jueces designen a doce de los 20 integrantes del CGPJ y evitar así la percepción pública que se tiene de este órgano.
Pérez Conejo afirmó que esta medida da respuesta a una vieja reivindicación de las asociaciones judiciales y de jueces ante la percepción de una “politización” del Consejo General y que motivó en los años 2008 y 2009 las primeras huelgas de jueces del país.
La designación de los integrantes del CGPJ por los propios jueces supone una democratización de este órgano, ya que hasta ahora los nombramientos se realizaban en el Congreso de los Diputados y cada partido proponía a “sus” jueces.
Esta circunstancia, según subrayó el juez decano de Melilla, provocaba la puesta en duda de la “imparcialidad o subjetividad” de las decisiones judiciales porque “si un juez está nombrado por un partido político determinado luego tendría que responder a los favores que ha recibido. Ese juez ya estaba condicionado en sus decisiones”, argumentó.
Así pues, Pérez Conejo opinó que con esta medida se eliminan los intereses partidistas y se primará el “interés por la carrera judicial y el servicio a la Justicia”.
Sistema de ‘copago’
Otra de las medidas anunciadas por Ruiz Gallardón es la implantación de una tasa para quienes quieran recurrir las resoluciones judiciales a una segunda instancia. El ministro ya aclaró ayer que no se trata de un sistema de copago, ya que el sistema de tasas ya está vigente desde el año 2009 y el juez decano recordó que la Ley de Agilización Procesal, en vigor desde el pasado mes de noviembre, ya preveía una tasa para ciertos juzgados a pagar por usar los medios de la Administración de la Justicia.
En relación a este aspecto, Pérez Conejo se mostró a favor de esta medida y coincidió con el ministro de que ésta servirá para que los ciudadanos hagan un uso “racional de la Administración de la Justicia”. Para el juez decano “no tiene sentido” que los ciudadanos paguen una tasa por la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) y no se pague, en cambio, una cantidad “simbólica” en servicios de la Administración de la Justicia como, por ejemplo, en las solicitudes de partidas de nacimiento en el área del Registro Civil, así como otros documentos.
Pérez Conejo, sin embargo, considera que establecer este tipo de tasas no debe suponer “coartar el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos” y sí es una manera de racionalizar el uso de la justicia que, en ocasiones, se utiliza, según dijo, como una herramienta “de presión” de carácter extrajudicial.
En conclusión, las primeras medidas anunciadas por el ministro de Justicia han sido bien vistas por el juez decano de Melilla y confía en que en las próximas semanas Ruiz Gallardón concrete las líneas de actuación de su cartera para poder hacer así un análisis más detallado.
A la espera de la Memoria Anual Judicial 2011 y ver el grado de saturación de la Justicia
Por otra parte, el juez decano de Melilla, Lorenzo Pérez Conejo, dijo estar a la espera de la publicación de la Memoria Anual Judicial del pasado año 2011 con el objeto de analizar el grado de saturación de los juzgados en España. Sobre la situación en Melilla, Pérez Conejo afirmó que la situación no es tan crítica como en otras ciudades españolas e informó de que las fechas que se están dando para la celebración de los juicios en la ciudad es de menos de dos meses. “Estamos señalando para los meses de marzo y abril y ya estamos casi en febrero, pero en otras ciudades como Málaga están señalando para 2014 y 2015 y Granada y Almería tienen una situación similar”, afirmó y añadió que para los ciudadanos esperar hasta tres años para ver resuelto su caso es “una barbaridad”.
En este sentido, los últimos datos con los que cuenta el juez decano melillense es que anualmente un juez atiende más de 1.000 casos, cuando la cifra más “razonable” serían entre 500 y 600. Habría que reducir pues hasta un 50% los casos que atienden los jueces anualmente, a través de la contratación de más jueces. “No es lógico que para 46 millones de personas existan solamente 4.000 jueces”, aseveró Pérez Conejo. Esta situación hace que los magistrados se encuentren, inevitablemente, “sobrecargados de trabajo” y la Administración de la Justicia se vea ralentizada.
