El consejero de Fomento denunció en marzo de 2011 a la cepemista por calumnias l Denunciante y denunciada reconocen que aquel año fue “convulso” en el ámbito político por la cercanía de las elecciones.
El Juzgado de lo Penal 1 celebró ayer el juicio contra la diputada cepemista Dunia Al Mansouri, acusada de un delito de calumnias tras la querella que presentó el vicepresidente primero de la Ciudad y consejero de Fomento, Miguel Marín. Éste aseguró que las declaraciones de la cepemista en marzo de 2011 en las que le vinculaba con el narcotráfico “destrozaron” su dignidad, además de ser unas afirmaciones “falsas”. La diputada y el consejero coincidieron, eso sí, en que aquella época fue un tanto “convulsa” en el ámbito político por la cercanía de las elecciones, si bien Marín afirmó que en política “no todo vale”. Por ello, pide para la dirigente cepemista dos años de prisión por un delito de calumnias o una multa de 2.520 euros por un delito de injurias y una indemnización de 50.000 euros. La Fiscalía no formuló acusación y solicitó el sobreseimiento de la querella y el abogado defensor, la absolución de su cliente.
Al Mansouri dijo no recordar la “literalidad” de sus declaraciones, teniendo en cuenta que la rueda de prensa que ofreció ante los medios de comunicación se realizó hace casi cuatro años. La cepemista explicó que los enfrentamientos entre CpM y PP fueron “muy duros” en la pasada legislatura y sus declaraciones el 17 de marzo de 2011 fueron en respuesta a los ‘ataques’ sufridos por parte del Gobierno local contra CpM.
No imputación de delito
La diputada cepemista explicó que tanto Marín como miembros del Ejecutivo habían implicado a Coalición por Melilla en asuntos relacionados con financiación del narcotráfico y blanqueo de capitales a raíz de la detención de un diputado cepemista por similares motivos y encuadrados estrictamente en su actividad empresarial privada, no del partido.
Además, Al Mansouri precisó que ella en ningún momento vinculó directamente a Marín con el narcotráfico o asesoramiento a presuntos narcotraficantes.
Al Mansouri recalcó que los enfrentamientos dialécticos en el ámbito político “forman parte del rifirrafe” entre partidos adversarios.
El vicepresidente primero de la Ciudad explicó que es accionista mayoritario de una empresa de seguros y que desde 2001 no está implicado en la actividad de la citada empresa, al ostentar cargo público en la Asamblea de Melilla. Por eso, declaró, no es posible que en ningún momento ni él ni nadie de su empresa hayan estado implicados en ninguna investigación ni operación policial relacionada con el narcotráfico.
Si bien es cierto que en 2005, la Policía Nacional desarrolló en Melilla la ‘Operación Saco’ contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la que se vio implicada una sucursal bancaria, Marín aseguró que su empresa, aún estando relacionada con ese banco a través de un franquiciado, nunca se vio inmersa en esa investigación policial.
Según las declaraciones de la cepemista, en la rueda de prensa del 17 de marzo de 2011, la empresa de Miguel Marín habría estado prestando “asesoramiento a supuestos narcotraficantes”.
Marín sostuvo que esas declaraciones le imputan un delito y atentan contra su dignidad. “Me ha destrozado mi dignidad”, recalcó ante la juez y explicó que las consecuencias de esas acusaciones vendrán cuando él se retire de la política y vuelva a trabajar en su empresa. “¿Quién va a confiar en mí entonces?”, se lamentó.
En el juicio estaban citados igualmente tres periodistas que recogieron las declaraciones de Al Mansouri, pero solamente declaró uno de ellos.
Alegatos finales
La diputada indicó que no hizo uso de su derecho de rectificación en ningún medio de comunicación por haber recogido mal sus declaraciones. Por su parte, Marín recordó que las declaraciones de la cepemista tuvieron repercusión en los medios de comunicación durante varios días.
La abogada de Marín reiteró su petición de una sentencia condenatoria al considerar que las declaraciones de Al Mansouri “exceden la crítica política” y ve una clara intención de “desprecio a la verdad”. “La disputa política no justifica mentir. No todo vale”, recalcó la letrada.
Por su parte, la fiscalía solicitó, como ya hizo en su escrito de julio de 2013, el sobreseimiento del caso, al considerar que las declaraciones de la cepemista pudieron ser “inadecuadas y desafortunadas” en defensa de su partido, pero aseguró que los hechos no reúnen los requisitos para condenar a Al Mansouri por un delito de calumnias ni por un delito de injurias.
Por su parte, el abogado defensor recalcó que su cliente nunca imputó ningún delito a Marín, por tanto, solicitó la absolución de Al Mansouri.
La diputada cepemista en su derecho a la última palabra pidió para ella el mismo derecho al honor y a la dignidad que Marín pedía para él. Además, subrayó que si en el ámbito político se denunciara todo enfrentamiento, “su despacho, señoría, estaría lleno de denuncias”, concluyó.
