Las organizaciones, que forman parte de esta entidad a nivel nacional, se reunirán la semana próxima para analizar la situación en Melilla y decidir si emprenden movilizaciones.
Los sindicatos de Melilla se están organizando para convocar la semana que viene una reunión entre todas las organizaciones que forman parte de la Plataforma Sindical de Defensa de los Empleados Públicos a nivel estatal. El objetivo de esta reunión sería concretar si forman en Melilla esta misma plataforma para manifestarse de forma conjunta contra los recortes que se están realizando en las diferentes áreas del Gobierno central y que afectan a los empleados públicos.
En principio, los sindicatos se reunirían el lunes o el martes. En esta primera toma de contacto, se analizará la situación de los empleados públicos de la ciudad, desde su condiciones de trabajo a las demandas que realizan en cada sector público.
También se comprobarán qué medidas adoptadas a nivel nacional pueden aplicarse a Melilla y si emprenderían acciones de protesta o movilizaciones, como ya ocurre en otras regiones españolas.
De esta forma, se realizaría un seguimiento de todos los acuerdos que se firman a nivel nacional. Por ejemplo, se destacó que las 37 entidades que componen esta plataforma han acordado aunar los esfuerzos de sus servicios jurídicos para que acuerden la mejor forma de que los empleados públicos puedan reclamar a la Administración.
Es la primera vez en la historia de estas entidades en la que se unen de esta forma para luchar contra los recortes que se están produciendo debido a las políticas del Gobierno central.
Incluso, se están planteando a nivel nacional si llevar el caso del empeoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados públicos al Defensor del Pueblo.
Acuerdos a nivel nacional
A la reunión que se realizará la semana que viene podrán acudir desde sindicatos a asociaciones de empleados público y otro tipo de entidades que estén de acuerdo con las metas y fines de esta plataforma que fue creada a principios de verano.
En la última reunión de esta plataforma se acordó que las asesoría jurídicas emprendieran diferentes actuaciones judiciales, como la reclamación contra la suspensión de la paga extra de diciembre del 2012 en sus dos modalidades, tanto para el personal laboral como para el de funcionarios.
El objetivo de esta reclamación conjunta es evitar que las individuales conlleven costas para los empleados públicos. “Se plantea presentar alguna demanda individual, encabezada por algún representante sindical de cada organización de la plataforma, para que en el supuesto de que ganase, se solicite la extensión de esta sentencia. Aunque inicialmente se esperarán al mes de diciembre para emprender esta gestión.
Se realizará un informe y valoración por parte de las organizaciones y asociaciones asistentes de las movilizaciones e iniciativas realizadas hasta la fecha. El objetivo será aglutinar todas en un sólo día de la semana para sumar el mayor número de participantes.
Otro de los servicios de los que se encargará esta unión de las asesorías jurídicas será la valoración del borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y las medidas que afectan a los empleados públicos.
Otro de los acuerdos a los que se llegó en la última reunión de la plataforma en Madrid fue la de realizar un escrito para diferentes grupos parlamentarios instándoles a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto en el que se exponen las medidas que más perjudican a los trabajadores del sector público.
Finalmente, esta entidad, que aglutina a 37 asociaciones y sindicatos, presentará una reclamación ante el Comité de libertad sindical de la Organización Internacional de Trabajadores contra el Gobierno central por la violación del derecho a la negociación colectiva y libertad sindical y la suspensión de los acuerdos.
Derechos fundamentales y sociales
La Plataforma en Defensa del Empleado Público presentará un escrito a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo solicitando una investigación sobre la vulnerabilidad por parte del Gobierno central a través del real decreto 20/2012 de diferentes normas de la Unión Europea en materia de derechos fundamentales y derechos sociales.
Además, solicitará, si es el caso, que inste al Gobierno español a cumplir el ordenamiento jurídico comunitario y nacional, rectificando las medidas que lo vulneren y que afecten a los empleados públicos.
Esta agrupación de entidades acordó la semana pasada continuar sus protestas organizando a la vez iniciativas que apoyen el objetivo por la que fue creada: la defensa del empleado público.
