El Defensor del Pueblo asegura que los inmigrantes del CETI prefieren esperar a salir de Melilla para hacer esta petición de protección, lo que incide “de manera notable”en las posibles víctimas de trata de seres humanos.
En el año 2010 se inició por parte del Defensor del Pueblo una investigación en las jefaturas superiores de Policía de Melilla y de Ceuta tras conocer que funcionarios policiales estaban impidiendo el traslado a la península de demandantes de asilo provistos de la correspondiente tarjeta que les identificaba como tales. Tanto los residentes como el personal que trabaja en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) perciben las solicitudes de protección internacional como un impedimento para su traslado a la península. Por estas dos cuestiones, son pocos los extranjeros que realizan esa petición en Melilla y en Ceuta. Esperan a estar en otras zonas de España para solicitar este tipo de protección. Estos son los datos que se extraen del informe ‘La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles’ que fue presentado ayer por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
En este documento, se destaca que los CETI de Melilla y Ceuta han sido “objetos de especial seguimiento” por parte del Defensor del Pueblo y que dentro de las líneas de investigación tramitadas para la elaboración de este informe, tan sólo se llevó a cabo una en Melilla.
Protección o traslado
El Defensor del Pueblo destaca que se ha informado a la Administración de las deficiencias detectadas en los CETI de Melilla y Ceuta respecto a los solicitantes de protección internacional y la eficacia a la hora de prevenir y observar posibles víctimas de trata de seres humanos, tanto por las anotaciones realizadas por parte de los técnicos de esta entidad en sus visitas a estos centros como por las quejas presentadas.
En este informe se aclara que durante el 2010 se abrió una investigación tanto en Melilla como en Ceuta tras conocer que funcionarios policiales impedían el traslado a la península de los inmigrantes que poseían la tarjeta que los identificaba como solicitantes de asilo internacional.
El Defensor del Pueblo asegura que durante la investigación, los funcionarios alegaron que tenían instrucciones de la superioridad para actuar de esta forma y desde la Administración se aseguró que se procedía de acuerdo con la cláusula de reserva sobre Melilla y Ceuta que se incluyó en la ampliación del Acuerdo de Schengen.
Sin embargo, desde el Defensor del Pueblo no sólo manifiesta su disconformidad sino que indicó que esta retención en las ciudades autónomas no estaba justificada. Se asegura que se estaba limitando el derecho a la circulación dentro del territorio nacional a unos inmigrantes con un documento de identidad de solicitante de asilo.
Pero no sólo el Defensor del Pueblo denuncia esta práctica. Son varias las resoluciones judiciales del Tribunal de Justicia de Andalucía, consultadas por esta institución, que dan la razón a los inmigrantes que han llevado sus casos hasta los juzgados y en los que se asegura que se le ha impedido de forma ilegítima su derecho a moverse por todo el territorio nacional con esta documentación.
Discrepancias
En el documento del Defensor del Pueblo se asegura que se sigue practicando esta retención de los inmigrantes que han solicitado asilo internacional en Melilla y Ceuta, por lo que manifestó su discrepancia con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Otra de las vertientes de esta investigación realizada en 2010 llevó a concluir que los trabajadores de los CETI de Melilla y Ceuta y los residentes de estos centros perciben las solicitudes de asilo internacional como un impedimento para su traslado a la península. Lo que ha derivado en que el número de peticiones de este tipo de protección sea menos significativa que en otras zonas de España y que aumenten el número de solicitudes cuando estos inmigrantes llegan a la península dentro de un programa de ayuda humanitaria o cuando se les deriva a los centros de internamiento como paso previo a su expulsión.
Otra de las consecuencias de esta práctica que se realiza en Melilla y Ceuta es que los inmigrantes desisten de solicitar la protección internacional para poder ser trasladados a la península. Esto incide “de manera notable”, según el informe, a la hora de poder detectar casos de víctimas de trata de seres humanos.
Atención similar
El Defensor del Pueblo no sólo investigó esta cuestión en las jefaturas de Policía o a través de entrevistas con los trabajadores e inmigrantes de los CETI de Melilla y Ceuta, sino que pidió explicaciones ante la Dirección General de Integración de los Inmigrantes para saber el motivo de por qué no se estaban trasladando a estos demandantes de asilo internacional a la península. Desde esta dirección general se aseguró que la atención que se daba en estos CETI era muy similar a la que podían recibir en los centros de asilo o refugio de otras zonas y que seguirían trabajando para facilitar el traslado a este colectivo y otros que también son vulnerables.
Las principales conclusiones de esta investigación realizada en Melilla y Ceuta por esta institución son que es necesario mejorar los protocolos de detección de víctimas de trata de seres humanos en los CETI de ambas ciudades y que sino se cambia esta situación y se permite el traslado de estos inmigrantes demandantes de asilo, estas personas no van a encontrar un instrumento eficaz para sentirse más seguros.
Especial atención para los CETI de Melilla y Ceuta
Desde el año 2008 se ha incorporado al protocolo de visitas que realiza el área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo un apartado que se centra en la trata de seres humanos. Por ello, en esta investigación se han tenido en cuenta los CETI de Melilla y Ceuta, así como los puestos fronterizos de Madrid-Barajas o de El Prat en Barcelona, entre otras instituciones dedicadas a temas de extranjería. Incluso se detalla en el informe que se ha hecho especial hincapié en los CETI de las dos ciudades autónomas. Para realizar esta investigación se han tenido en cuenta 174 actuaciones, enmarcadas en 61 investigaciones de oficio y 32 quejas.
Entre las conclusiones presentadas a nivel general, se destaca la modificación del Reglamento de Extranjería para mejorar la colaboración con las ONG a la hora de identificar a las víctimas de trata de seres humanos .
