La controversia por la instalación de cámaras de videovigilancia fabricadas por la empresa china Hikvision en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla ha cruzado ya las fronteras nacionales para llegar al Parlamento Europeo. Varios eurodiputados han elevado el asunto a la Comisión Europea, reclamando explicaciones sobre el uso de tecnología de un fabricante sancionado por Estados Unidos y señalado por supuestas violaciones de derechos humanos en China.
El debate se centra en la adjudicación de contratos públicos que han permitido la instalación de estos dispositivos en los pasos fronterizos, a pesar de que Hikvision figura en listas negras de países aliados por su presunto papel en sistemas de vigilancia masiva y control de minorías étnicas. Los eurodiputados cuestionan si esta elección compromete la seguridad de las infraestructuras estratégicas y la protección de los datos capturados por las cámaras.
En paralelo a la discusión en Bruselas, el Partido Popular ha anunciado una iniciativa para que el Tribunal de Cuentas fiscalice todos los contratos del Gobierno con empresas tecnológicas chinas. Según denuncia el partido, es necesario esclarecer las condiciones en las que se han adjudicado estos contratos y evaluar si existe riesgo de que la información recogida por estos dispositivos pueda ser utilizada de manera indebida.
La formación popular subraya que, más allá del caso concreto de Ceuta y Melilla, la presencia de tecnología de empresas como Hikvision en instalaciones públicas plantea interrogantes de seguridad nacional. En un comunicado recogido por medios nacionales, el PP defiende que la transparencia en la contratación pública debe ser prioritaria, especialmente cuando se trata de proveedores cuestionados en foros internacionales.
La preocupación por el uso de cámaras Hikvision no es nueva. Tal y como informó El Faro de Melilla a finales de julio, el PP ya había registrado una pregunta parlamentaria instando al Gobierno a explicar por qué se había optado por esta marca y si se habían valorado alternativas de fabricantes europeos o de países socios.
En aquel momento, el Ejecutivo no ofreció detalles sobre los criterios técnicos o económicos que motivaron la elección, limitándose a señalar que las instalaciones cumplen con la legislación vigente. Sin embargo, la falta de respuesta concreta ha alimentado las críticas de la oposición y ha abierto la puerta a que el asunto se internacionalice.
Hikvision, uno de los mayores fabricantes mundiales de sistemas de videovigilancia, ha sido acusado por organizaciones internacionales de suministrar equipos utilizados en la vigilancia de la minoría uigur en la región china de Xinjiang. Estas acusaciones llevaron a que Estados Unidos y otros países aplicaran sanciones contra la compañía, prohibiendo su uso en infraestructuras públicas.
Los eurodiputados que han llevado el caso al Parlamento Europeo insisten en que la Unión debe evaluar si el empleo de esta tecnología es compatible con sus principios de protección de datos y respeto a los derechos humanos. También han pedido que la Comisión Europea estudie la posibilidad de establecer criterios de exclusión de empresas con antecedentes de este tipo en los procesos de licitación pública.
La doble vía, europea y nacional, por la que avanza esta polémica apunta a que el debate no se resolverá en el corto plazo. Mientras en Bruselas se analizan las implicaciones geopolíticas y éticas, en España el Tribunal de Cuentas deberá decidir si inicia la investigación solicitada por el PP.
De momento, la instalación de las cámaras sigue operativa en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, pero la presión política crece. Lo que empezó como una adjudicación técnica amenaza con convertirse en un caso de repercusiones diplomáticas, con implicaciones tanto para la política de seguridad como para las relaciones comerciales con China.
