Los sindicatos ANPE Melilla, Sate-Stes y UGT se han unido para remitir la propuesta de la implantación de la jornada de 35 horas semanales a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación.
Esta propuesta lleva por lema "Menos carga lectiva, más calidad educativa" y ha sido presentada en rueda de prensa por las representantes de los tres sindicatos, los cuales solicitan la apertura inmediata de las fases de negociación para definir el calendario y la implantación de la jornada de 35 horas para el curso escolar 2026/2027, incluyendo fechas de aplicación y memoria justificativa.
Asimismo, demandan que dicha negociación incluya, como punto prioritario, la reducción de 2 horas lectivas en los horarios individuales del profesorado en todas las etapas educativas. Alegan que esta medida es "esencial" para reducir la sobrecarga burocrática y proteger la salud laboral docente.
En primer lugar, la secretaria de Enseñanza de UGT, Rachida Mohamed, ha recordado como la jornada de 35 horas semanales ya es un derecho "blindado y validado". Por tanto, ha insistido en la necesidad de su transposición al ámbito docente.
"Pedimos que nuestra Administración, al igual que están haciendo otras, realice la transposición de esta normativa al ámbito específico educativo".
Asimismo, ha reivindicado el "derecho inalienable" de las organizaciones sindicales presentes a la negociación colectiva.
"No entendemos la implantación de esta jornada como una decisión unilateral, sino como un proceso en el que los representantes de los trabajadores debemos proponer medidas que supongan mejoras reales, palpables y efectivas en las condiciones laborales del profesorado".
Mohamed ha denunciado como los profesionales llevan más de dos décadas "sin modificaciones sustanciales" tanto en sus condiciones salariales como en diferentes aspectos relacionados con su jornada laboral.
"Durante años hemos afrontado situaciones y retos en los que el profesorado ha dado lo mejor de sí mismo, muchas veces sin el apoyo necesario por parte de la administración educativa. Hemos superado una pandemia que nos obligó a adaptarnos de forma rápida y constante, demostrando una gran capacidad de respuesta. Asimismo, hemos tenido que asumir cambios normativos frecuentes, en muchas ocasiones sin contar con la participación activa de los especialistas en la docencia, que somos nosotros".
Reducción de la carga lectiva
A continuación, la miembro del secretariado de Sate-Stes Elvira Sánchez, ha recordado como para que la jornada de 35 horas sea efectiva en el ámbito educativo, la negociación debe pivotar necesariamente sobre la reducción de las horas lectivas. "Este es el eje principal de nuestras exigencias", dijo.
La miembro del secretariado de Sate-Stes ha desgranado la estructura de la jornada laboral docente, de 37,5 horas semanales, destacando como estas se dividen en horas lectivas (con dedicación directa al alumnado asignado en el curso escolar), horas complementarias de obligada permanencia en el centro (cubriendo el resto de las funciones docentes fuera del aula, pero esenciales para el funcionamiento del centro) y horas de preparación personal (7,5 horas destinadas a la preparación de clases, elaboración de materiales, correcciones y formación).
"Consideramos que la implantación de la jornada de 35 horas debe suponer la reducción de 2 horas lectivas en los horarios individuales de todos los docentes".
Beneficios de la reducción
Por último, Amalia Muñoz, presidenta de ANPE Melilla, ha pasado a enumerar algunos de los beneficios de la puesta en marcha de esta medida.
En primer lugar, ha citado la consiguiente reducción de la carga administrativa. No en vano, ha destacado como las horas lectivas son las que "tensionan" el resto de una jornada, ya de por sí saturada por una "burocracia excesiva".
Además, ha afirmado que la reducción del horario lectivo es una medida de prevención de riesgos psicosociales. En este sentido, ha alegado que la disminución de la presión lectiva redundará en una mejora directa de la salud del profesorado.
Por otro lado, Muñoz ha asegurado que una reducción de las horas lectivas permitirá una mejor preparación de las clases, mayor atención individualizada al alumnado y una gestión más eficiente de las tareas. Además, contribuirá a mejorar la motivación de un colectivo que actualmente se siente sobrecargado y poco valorado. En definitiva, una mejora de la calidad educativa.
"La comunidad educativa de Melilla no puede seguir esperando mientras otras administraciones ya han hecho efectivo este derecho. La singularidad de nuestra ciudad y la presión existente en las aulas exigen una respuesta responsable por parte de la administración".
Violencia en las aulas
Estos sindicatos, miembros de la Junta de Personal Docente No Universitario de Melilla, han insistido en mostrar su preocupación por la situación de violencia y tensión que se vive en algunas aulas de nuestra ciudad y ha anunciado que volverá a solicitar una reunión al respecto con la Dirección Provincial.
Elvira Sánchez ha recordado las distintas concentraciones de protesta que ha llevado a cabo la Junta de Personal Docente a lo largo del presente curso académico, donde han exigido a la Administración que pusiera fin al "ambiente inadecuado" en algunos centros, con episodios puntuales de violencia en las aulas.
Por otro lado, Sánchez demandó la implantación de un protocolo específico contra la violencia hacia los docentes. Y es que si bien se ha establecido un protocolo, la miembro de la Junta manifestó que este no se ajusta a las características propias de los centros, sino que se trata de un protocolo de la Administración General del Estado
"No tiene en cuenta las características especiales que tienen los centros educativos. Nosotros no hacemos solicitudes ni instancias, tenemos alumnos y alumnas, por tanto, necesitamos unos recursos totalmente distintos. Vamos a pedir próximamente una reunión para tratar este tema y exigir mejoras".
Una nueva llamada de atención del personal docente de Melilla, quienes según lamentan desde la Junta, se encuentran muy solo ante situaciones de este tipo.
"No ven el respaldo suficiente de la Administración".
