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Ayer declaró en los Juzgados el acusado por Delegación de supuesta incitación al odio entre comunidades
“La denuncia que presenta el señor El Barkani carece de fundamento e incluso se me antoja absurda y temeraria”. Quien hace esta afirmación es el abogado Mohamed Busian. Este letrado ejerce la defensa de Mohamed Lamrani, el melillense que ha sido denunciado por el delegado del Gobierno por unos mensajes de supuesta incitación al odio entre comunidades, que fueron publicados en la red social Facebook.
Los comentarios se enmarcan en la polémica de la prohibición de importación de borregos procedentes de Marruecos para la festividad musulmana del Aid El Kebir, celebrada el pasado septiembre. El veto fue ordenado por el Gobierno central tras detectarse un brote de fiebre aftosa en el país vecino.
“Yo respeto a todas las comunidades por igual”, afirma Lamrani a El Faro. “Mi trayectoria aquí en Melilla es bastante conocida. Tengo amigos judíos, cristianos y otros que no son creyentes”, agrega. “Me acusan de algo que yo no he dicho nunca y no hay ningún post mío colgado en Internet, Facebook o redes, que incite al odio entre comunidades”.
El abogado retoma la palabra y explica que su cliente “en el legítimo uso de su libertad de expresión realiza una crítica, más o menos acendrada, de carácter social y político”. Las opiniones vertidas por Lamrani reprueban la gestión del veto a los borregos marroquíes por parte de Abdelmalik El Barkani como delegado del Gobierno.
“Absurda y temeraria”
El letrado insiste en que el representante del Ejecutivo central obra de manera “absurda y temeraria” porque, a su parecer, pretende “dar a entender que esos comentarios responden a motivaciones religiosas o de otro tipo”.
“Es surrealista y espero que a la mayor brevedad posible se decrete el archivo, porque no se puede investigar a un ciudadano por comentarios que forman parte del contenido normal de la libertad de expresión”, apostilla Busian.
En cuanto a los comentarios objeto de denuncia, el abogado de Lamrani cita como ejemplo que su cliente le reprocha a El Barkani “por qué asiste a unos actos religiosos y a otros no”. Según el jurista, ésta es “una crítica absolutamente razonable, porque el deber de un gobernante es mantener la debida neutralidad, sobre todo en materia religiosa”.
“Colonialismo”
Otro de los mensajes denunciados, según indican cliente y letrado, fue uno en el que Lamrani acusa a El Barkani de “colonialismo” el veto a la importación del borrego marroquí.
Según Mohamed Busian, buena parte de los mensajes escritos por su defendido tienen un “tono jocoso”. “Utiliza ‘memes’ para afear lo que considera una actitud absolutamente arbitraria e ilegal del delegado del Gobierno al prohibir la importación de esos borregos”.
“Me llama poderosamente la atención”, continúa Busian, “que en esta ciudad se han vertido comentarios hacia el delegado del Gobierno de cierto tufillo racista, en determinadas redes sociales e incluso en programas de televisión”. El letrado, que prefiere “no reproducirlos, por respeto a la institución”, asegura que El Barkani “se ha mantenido absolutamente impasible” frente a ellos. Por este motivo, le sorprende que el delegado haya denunciado a su cliente, de quien subraya que hizo comentarios “que forman parte de una crítica absolutamente normal”.
Busian añade que “el señor Lamrani tiene derecho a considerar que la decisión del delegado del Gobierno (del veto al borrego marroquí) es arbitraria y que un sector de la población es víctima de una discriminación histórica”.
“Falta de neutralidad”
Aparte, el letrado destaca que su cliente “tiene derecho a afear la conducta del delegado por su falta de neutralidad”. Esa crítica se hizo “en un contexto de crisis social” y el carácter de la misma es “político y social, simple y llanamente”.
Busian estima que “difícilmente un señor que se llama Lamrani puede incitar al odio a alguien que se llama El Barkani, salvo que uno se arrogue la representación de toda una comunidad”.
El letrado cree que la denuncia “es un insulto a las víctimas del odio por carácter racial, sexual o cualquier otro tipo de condición” y ve “inaceptable” que “se utilice a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” para “este tipo de acciones judiciales”.
