Ante las acusaciones del presidente de Vox, José Miguel Tasende, a la Ciudad Autónoma de mantener sin contrato a la Cooperativa Ómnibus de Autobuses (COA) desde la década de los 50 del siglo pasado, el consejero de Medio Ambiente y Naturaleza volvió a salir a la palestra para negar la mayor y explicar que existe un contrato tácito facilitado por una sentencia judicial que, en 2017, reconoció la validez de la cooperación entre ambas entidades.
Pese a que tasende reiteró que “eso no es un contrato” y que “no existe”, según Ronda, ese “contrato tácito” que el tribunal reconoció en el año 1981 es el que obliga a la Ciudad Autónoma a sufragar el déficit en el que incurra la compañía.
Sin embargo, también afirmó que espera acabar pronto con esta incertidumbre y solucionar la situación con un contrato formal a mediados de 2024.
Eso espera Tasende, porque, mientras tanto, dejó entrever que la Ciudad no puede obligar a la empresa a restablecer el servicio de los servicios que cortan, como sucedió hace unos días con la línea 5 a Cabrerizas.
A continuación, el consejero de Seguridad Ciudadana, Daniel Ventura, no aceptó las críticas de Javier da Costa acerca de los últimos actos vandálicos –con más de 100 vehículos quemados este año, por ejemplo, según sus datos, o el apedramiento de autobuses, o los robos–. “La inseguridad existe”, dijo da Costa, quien aprovechó para deslizar otra crítica al anterior Ejecutivo por haberse “lavado las manos”.
En este sentido, el consejero esgrimió la ausencia de competencias de la Policía Local, que, a pesar de ello, mantiene, dijo, una gran cooperación con la Policía Nacional y los Bomberos y realiza funciones que no les son propias, como los servicios nocturnos y de fin de semana.
También informó Ventura de que la Policía Local está realizando un informe sobre los actos vandálicos y que seguirá con la “coordinación efectiva” con el resto de cuerpos.
VPO
Finalmente, Tasende y el vicepresidente del Gobierno local y consejero del área de Fomento, Miguel Marín, debatieron sobre la creación de viviendas de protección oficial (VPO).
El primero recalcó la dificultad para acceder a una vivienda hoy en día por los altos precios en todo el país, lo cual provoca que muchas personas se queden en situación de exclusión social. Por ello, insistió en la necesidad de crear más viviendas de este tipo. Además, inquirió acerca del número de viviendas de este tipo que se construirán y confió en que se vayan a cumplir los plazos.
Tasende admitió que se trata de un problema generalizado en toda España, pero hizo hincapié en que, por lo tanto, la ciudad autónoma no es ajena a esta situación, especialmente en cuanto a los alquileres y las mayores exigencias que se está aplicando en ellos.
Ante ello, Marín le citó las viviendas que se van a construir en Gabriel de Morales –66– o en el Cuartel de Santiago y volvió a aludir a los “años perdidos” con el anterior Gobierno, que, según dijo, no había puesto una nueva piedra ni ejecutado nada de los 48 millones que figuraban en el convenio con el Ministerio de Vivienda.
“Nosotros sí lo haremos”, ratificó el consejero.
