Rajoy anunció en el Debate sobre el Estado de la Nación la eliminación de las tasas para personas físicas.
El Consejo General de la Abogacía Española expresó ayer su satisfacción parcial porque la lucha que ha liderado durante meses junto a los operadores jurídicos, partidos políticos, sindicatos y consumidores, en la calle y en las redes sociales, ha provocado que el Gobierno haya tomado finalmente la decisión de eliminar las tasas judiciales para las personas físicas. Pero “para evitar que miles de ciudadanos sigan sufriendo la violación de su derecho fundamental de acceso a la Justicia”, afirmó la Abogacía, a través de un comunicado difundido por el Colegio de Abogados de Melilla. También reclama al Gobierno “una solución transitoria inmediata que exima ya del pago de las tasas a las pymes (pequeñas y medianas empresas)”. La Abogacía recordó que siempre ha defendido la derogación de la Ley de Tasas Judiciales. No obstante, “tras más de dos años de barreras al ejercicio del derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos y de vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la justicia, esta medida supone acabar con una situación radicalmente injusta”, afirmó.
“El compromiso de Rajoy es, en todo caso, un reconocimiento de la razón de la oposición contra las tasas liderada por la Abogacía en la que han participado, en la calle y en las redes sociales, todos los operadores jurídicos y la Plataforma Justicia para Todos”, recalcó en un comunicado.
La Abogacía Española consideró que la decisión del Gobierno se debe a que el Tribunal Constitucional podría aceptar total o parcialmente los argumentos de los cinco recursos de inconstitucionalidad promovidos por el PSOE y por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Aragón y Canarias, y de numerosas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Audiencia Nacional.
