Houston, tenemos un problema

EL ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado en el Congreso de los Diputados la determinación del Gobierno de coalición PSOE-Podemos de elevar la valla de Melilla entre un 6 y un 30% en determinados puntos de la frontera. La idea es llegar a subir la alambrada hasta 10 metros (ahora tiene 6), retirar la concertina y la sirga tridimensional e instalar cámaras térmicas de detección de movimiento.

Los 9,9 kilómetros que recorren las sirgas tridimensionales de Melilla, las primeras de su tipo en el mundo, fueron colocados en el año 2006, en medio de la primera gran crisis de saltos a la valla desde Marruecos. En su momento se instalaron confiando en que funcionarían como un tercer obstáculo con cámaras detectoras de movimiento que alertaban al centro de control de la Guardia Civil. Sin embargo, en la práctica, esos 12.000 km de cables de acero se convirtieron en un punto de apoyo, en la zona entre-vallas, para los migrantes que terminaban saltando a nuestra ciudad. Simplificando muchísimo, estamos hablando de 20,9 millones de euros tirados a la basura. Eso fue lo que en su momento dijo que había costado la sirga el exministro popular del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una respuesta parlamentaria que dio a la entonces diputada de UPyD, hoy reconvertida en socialista, Irene Lozano.

Algo similar ocurrió con las concertinas que se pusieron por primera vez estando Zapatero en la Moncloa y que fueron reforzadas en tiempos de Rajoy. El socialista se gastó en las cuchillas de Melilla y Ceuta 8,7 millones de euros. El popular invirtió lo suyo y además colocó 15.000 metros de malla antitrepa que costaron 1 millón de euros y que a estas alturas es obvio que no ha funcionado. También destinó otro medio millón a habilitar tres torretas de vigilancia para la Guardia Civil, equipadas con cámaras térmicas.

Ahora, quitar las concertinas, la sirga, elevar la valla y colocar nuevas cámaras térmicas costará a todos los españoles 32 millones de euros (9,5 de ellos, para retirar las cuchillas en nuestra ciudad). Vamos, que la frontera es una máquina de triturar dinero: euro que pilla, euro que pasa a mejor vida.

En mi opinión, el despilfarro de dinero en la valla responde, en primer lugar, a la falta de una política migratoria seria. Da la impresión de que todas las medidas implementadas para frenar los saltos a la valla han sido fruto de la improvisación. Como si los ministros decidieran qué hacer sentados en una bici de spinning. ¿Os acordáis de los drones que el PSOE quería usar para vigilar el vallado? A eso me refiero.

Estamos ante un grave problema de responsabilidad. Me sorprende la agilidad con que en este país los cargos públicos arrasan con lo que han hecho sus predecesores sin reparar en la ingente cantidad de recursos públicos que se destinan a las iniciativas alocadas con que se pretende frenar un fenómeno global, que no ha podido cortar ni el mismísimo Donald Trump en la frontera de Estados Unidos. Ojo, se puede parar. Eso está demostrado, pero pisoteando los derechos humanos.

Mientras no sepamos de dónde vienen las personas que saltan la valla no podremos actuar en sus países de origen. Los que saltan son los más pobres entre los pobres y no sabemos de dónde vienen. A día de hoy ese dato no lo tiene nadie y ahora no creo que haya interés en tenerlo. Entre otras cosas porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo poco menos que ha dado su respaldo a la no identificación de migrantes en la frontera. No hace falta saber quiénes son ni qué necesitan. Una patada en el culo y si te he visto no me acuerdo.

Aquí no estamos para llevar la contraria a 17 jueces europeos. En este caso creo que estamos ante un conflicto ético, pero que no me guste la devolución de inmigrantes sin identificar, sin derecho a reclamar una acción administrativa que se ejecuta por la vía de hechos y en muchos casos, en grupos y sin posibilidad de pedir asilo, no significa y así lo ha dicho Estrasburgo, que sea ilegal ni que éste sea el punto y final a un debate que no ha hecho más que empezar.

Insisto, no hablamos de abrir las fronteras y dejar pasar a todo el que salta. Hablo de devolver a quienes saltan con todas las garantías legales contempladas en nuestro Estado de Derecho.

Pero mientras los juristas afilan sus cuchillos para entrar en una pelea legal, lo que está en juego es el prestigio de la Guardia Civil que es quien más ha sufrido con el tema de las devoluciones en caliente, seguido del nombre de Melilla. Nadie nos conoce en el mundo por lo bueno que está nuestro cuscús ni por la belleza extraordinaria del mirador del acantilado de Aguadú. Nos conocen por echar a las bravas a inmigrantes que intentan saltar la valla.

Resulta que ellos, los subsaharianos, no quieren quedarse aquí. No es que no les dejemos es que ni se les pasa por la cabeza echar el ancla en Melilla porque hasta un inmigrante que viene de una aldea de Mali sabe que donde no hay trabajo, no hay futuro y menos si tu piel es negra.

El otro día debatía con un melillense en Twitter acerca de la sentencia de Estrasburgo y el hombre no paró hasta preguntarme cuál era mi origen. Ahí es donde tenemos un conflicto grave. Cuando el lugar de nacimiento y el color de la piel legitiman para hablar en democracia, Houston, tenemos un problema. Y no es la primera vez que me pasa. Nunca olvidaré a un pequeño y ridículo personaje anónimo que me recriminó por escrito, lleno de razones, que no defendiera la democracia en mi país en lugar de vivir en un cuartel de la Guardia Civil y criticar las devoluciones en caliente.

En fin, creo que estamos improvisando en política migratoria. Y como veis, la improvisación nos sale cara. Millones y millones de euros terminan en la basura porque las mentes prodigiosas que nos dirigen creen que tienen la verdad absoluta y que quienes les precedieron en sus puestos eran unos tarados, mal formados que no sabían lo que hacían. Así nos va.

No me gusta tener que elegir, pero confieso que prefiero vallas más altas a vallas con cuchillas. Pero, sobre todo, me gustaría que todos los guardias civiles de esta ciudad tuvieran seguridad jurídica para actuar en la alambrada. A ver si ahora, al amparo de Estrasburgo, aparece de una vez el dichoso protocolo de actuación en la frontera. Se trata de saber qué hacer y cómo hacerlo. No debe ser tan sencillo cuando ha costado tanto que aparezca por escrito y se pueda consultar en el portal del Ministerio del Interior.