A principios de esta semana, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visitó Melilla con el objetivo principal de dirigir la III Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital. Se trata de su segunda visita a la ciudad autónoma en la que también aprovechó para visitar las instalaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social o se reunió con la comitiva del PSOE local para compartir información sobre las políticas del gobierno de España en materia de inclusión.
Dentro de esta agenda, la ministra también tuvo unos minutos para atender a El Faro de Melilla, tras la comisión de seguimiento, y antes de que se produjera el apagón masivo en toda la península. También fue antes de reunirse con el presidente local Juan José Imbroda, encuentro que se dio en el Palacio de la Asamblea el lunes, 28 de abril, por la tarde.
- Se ha abordado esa tercera comisión del seguimiento del Ingreso Mínimo Vital aquí en Melilla. ¿Qué conclusión saca de esta tercera comisión?
Es un hito muy importante. Es la tercera comisión en una política que lleva en marcha cinco años en un contexto muy complicado en este país. En plena pandemia de la COVID, el gobierno de España toma la decisión de desplegar en todo el territorio un importante escudo de protección social que es el IMV. Desde que tengo el honor de ser ministra, es la tercera comisión de seguimiento porque entendemos que este tipo de políticas se llevan a cabo a través de una co gobernanza. Es importante escuchar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a través de la federación y también a las entidades.
Además que tiene un claro objetivo al venir a Melilla porque es el territorio en proporción a la población donde más despliegue y más beneficiarios hay del IMV, en torno al 14% de la población, más de 12.000 beneficiarios, 3.000 hogares. Por cierto, la mitad de los beneficiarios son prácticamente niños y niñas, con lo cual es una importante herramienta en la lucha contra la pobreza infantil. Por eso ese guiño especial y el venir a conocer de primera mano y a escuchar. Y, desde luego no puedo dejar de trasladar la preocupación que me llevo de vuelta a Madrid por el escaso interés dado el nivel de participación porque, precisamente, este era un espacio muy importante para compartir, analizar y escuchar a las comunidades autónomas.
- Conforme a esos datos, un 50% o más, de las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital en Melilla son menores de edad, y un 14% de la población lo recibe. Esto es señal de que hay personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para evitar que tanta gente dependa de esta prestación?
Es muy importante que cada administración asuma su responsabilidad, y para luchar contra la pobreza, reducir las brechas, o trabajar en áreas de la igualdad de oportunidades y de la inclusión, todos los esfuerzos suman. Hay un trabajo muy importante en la complementariedad con las rentas mínimas, que en cada comunidad se llama de una manera. Y, además, precisamente hay una asimetría en todo el país que viene a corregir el IMV, pero el papel de las comunidades autónomas en reformar sus leyes autonómicas de rentas de inserción o rentas autonómicas, o incluso a reforzar presupuestariamente ese papel, era muy importante, y, sin embargo, estamos viendo como el IMV lo hemos revalorizado un 40% desde su puesta en marcha. Ese es el compromiso del gobierno de España: en no dejar a nadie atrás y no dejar caer a los más vulnerables.
Estamos viendo comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular como Aragón, Galicia o Madrid, están reduciendo el 96% y el 97% de sus presupuestos. Aquí está pasando: la renta de Melilla no cubre ni el 1% de los presupuestos. Por eso es importante que en la lucha contra la exclusión social y la pobreza, los esfuerzos sumen. No se puede dejar solamente a la capacidad del gobierno de España un fin tan importante que nos hace ser un país mucho más inclusivo y solidario.
- Durante la grabación de esta entrevista todavía no se ha dado esa reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda. ¿Qué espera como respuesta?
Ojalá que me responda y que me dé alguna explicación. Lo que estoy viendo es cómo en el Congreso de los Diputados hay diferentes iniciativas, mociones o preguntas y denuncias por parte del principal partido de la oposición en aras de seguir que el gobierno de España siga incrementando los esfuerzos para luchar con la red de protección. ¿Qué espera? Pues que se detraiga la política, con lo cual me parece un ejercicio de hipocresía que se denuncie en las Cortes Generales este tipo de políticas y luego en las asunciones de responsabilidades de las comunidades autónomas se detraigan recursos.
El 'sinhogarismo' se combate con recursos, y lo que están haciendo es reorientarlos a mejorar la vida de los que más tienen, a reducir impuestos a las rentas más altas. Eso es un ejercicio de irresponsabilidad y espero compartir con el presidente cuál es la reflexión, pero los hechos son los que son y lo estamos viendo en el comportamiento de la renta autonómica en Melilla.
- En la anterior comisión, hace unos seis meses, se anunció el teléfono 020 para facilitar la información sobre prestaciones como el IMV. A día de hoy, ¿cómo está yendo su funcionamiento?
Hemos podido compartir, también en la comisión de seguimiento, ese plan de accesibilidad que hemos desplegado. Desde su puesta en marcha, hemos recibido más de 200.000 llamadas. La parte de la página web de la Seguridad Social más visitada es precisamente la de la prestación. Estamos dando los pasos para la accesibilidad, además de hacer una importante labor para las personas con discapacidad en cuanto a su accesibilidad a las diferentes herramientas. Este es el camino que estamos llevando como administración, porque es muy importante avanzar en protección social, y dar facilidades para que la ciudadanía sienta más cercana y próxima la administración.
- Después de esta comisión, ¿cuáles son los objetivos que se marcan para el próximo balance?
Vamos a seguir esta línea de trabajo. Así lo trasladamos también en foros europeos, y cuando participamos en estos, trasladamos que la inversión social es precisamente eso: que tiene un retorno. No tenemos que verlo como un gasto cuando la sociedad reduce sus brechas, o cuando se da igualdad de oportunidades. Cuando evaluamos las políticas de inclusión y se obtienen resultados como los que estamos viendo, podemos celebrar que hoy España es motor de crecimiento económico. Lideramos el crecimiento en Europa pero, además, también seguimos fortaleciendo nuestro estado del bienestar, el escudo de protección social. Esa es la receta del gobierno de España para hacer frente a los desafíos que no son pocos.
- Ministra, en cuanto a otro asunto que ha tenido impacto en Melilla: varias personas migrantes han estado protestando ante la Delegación del Gobierno porque no consiguen acceder a los servicios de solicitudes de asilo. ¿Cuál es exactamente el problema?
Yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que tenemos que ser especialmente vigilantes y cuidadosos con las personas solicitantes de protección internacional que están en una extremada vulnerabilidad. Corren peligro y, en ese sentido Melilla, no es un 'fast track', no es una vía rápida para esas solicitudes de asilo porque ese es el mensaje que les quieren trasladar quienes quieren engañar. Son las mafias las que quieren engañar y generar vulneración de derechos, y contra eso vamos a luchar con contundencia.
Nosotros analizamos cada uno de los casos de manera individualizada, como los que me está preguntando. En ese sentido, ya tenemos a una de las personas cuya situación ya se le ha dado solución. Estamos analizando y viendo cómo se puede dar respuesta, pero siendo muy conscientes de que el CETI de Melilla funciona con total normalidad, un centro que además pude visitar. Allí se atiende a personas muy vulnerables, pero no es un lugar que combate el 'sinhogarismo', eso se combate con recursos de la Ciudad o Comunidad Autónoma, con recursos de escudo social. Por eso es incomprensible cómo se traen recursos para proteger la renta autonómica y no se destinen a la misma, a fortalecer ese tejido social como puede ser el combatir contra el 'sinhogarismo'.
- ¿Cuánto puede demorarse el tiempo de atención individualizada para solventar estas situaciones?
El Estado asume en primera persona esa protección, esa especial vulnerabilidad, por eso quiero poner de manifiesto también que el próximo 20 de mayo va a entrar en vigor el reglamento de Extranjería, y es muy importante diferenciar bien las vías y que queden bien despejadas cada uno de los caminos itinerarios que hacen las personas, en este caso solicitantes de protección internacional,
La vida de estas personas corre peligro, son perseguidos por cuestiones políticas o religiosas o de otro tipo de vulneración de derechos humanos, y tiene que estar completamente despejada esa vía de solicitud de asilo de protección internacional en el que, como saben, también tiene un papel importantísimo el Ministerio del Interior. Esto es un trabajo compartido en este sentido.
- Las ONGs han informado de esta situación al Defensor del Pueblo y Sumar, siendo sus socios de gobierno, han pedido su comparecencia en el Congreso. ¿Cómo son las conversaciones internas en el Ejecutivo sobre este asunto?
Con total normalidad y, como saben, en el ministerio escuchamos de manera permanente y, además, con todas las recomendaciones del Defensor del Pueblo, pero, como digo, el ministerio tiene siempre en el centro de sus políticas la protección de los derechos humanos y la lucha con total contundencia contra las mafias, contra quienes quieren traficar con seres humanos, contra las que quieren hacer del engaño el mayor de los daños a las personas que están en una especial vulnerabilidad.
- Conforme al reparto más equitativo de menores migrantes en el territorio. ¿Cómo ve que se va a efectuar ese reparto? ¿Será equitativo?
Una cosa es lo que entra en vigor el 20 de mayo, que es la reforma del Reglamento de Extranjería, pero también celebramos el acuerdo en el Congreso que obliga a la solidaridad entre comunidades autónomas en la acogida de menores migrantes. Quiero recordar que el PP y Vox votaron en contra de la reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería. Se aprobó el decreto, pero el trabajo sigue, aunque es competencia de la ministra ministra Rego, el ver cómo se encuentran los sistemas de acogida en los territorios.
