Isabel C.M., la mujer de 86 años a la que el Registro Civil de Melilla dio por muerta erróneamente en vez de a su difunto hijo, ha llevado su caso ante el Defensor del Pueblo para quejarse de la vulnerabilidad de las personas mayores ante los errores de la administración pública.
En la queja, a la que ha tenido acceso Efe, la víctima de este error del Registro Civil de Melilla relata a través de uno de sus hijos, Juan José Florensa, los “enormes perjuicios” que ha sufrido al haber sido dada de baja por el cruce automático de datos del Ministerio de Justicia con el resto de los organismos públicos.
Entre ellos, la mujer perdió el derecho del cobro de su pensión y la vigencia de su DNI y tarjetas sanitarias, sufrió el bloqueo de sus cuentas bancarias y fue dada de baja de la estadística, lo que ha provocado “un verdadero calvario administrativo” que ha tenido que asumir la afectada con la contratación de un abogado.
“En este caso, mi madre ha tenido la fortuna de verse arropada e informada con hijos con formación, pues si hubiésemos tardado tres días más, para cobrar su pensión se tendría que abrir un contencioso que habría tardado meses en resolverse”, explica Florensa ante el Defensor del Pueblo en nombre de su madre.
Por ello, esta mujer melillense ha presentado una queja ante el organismo que dirige Ángel Gabilondo para resaltar “la situación de vulnerabilidad de las personas mayores ante errores de la Administración, en este caso el Registro Civil”, que carece de protocolos para restablecer la situación de oficio y motu proprio a todos los organismos implicados en su base de datos.
“Tiene que ser en este caso el ciudadano el que tiene que hacerlo de forma personal”, lamenta Isabel en su queja ante el Defensor del Pueblo, en la que relata el “calvario administrativo” que ha tenido que vivir como añadido al “dolor por la pérdida de un ser querido”.
En su escrito, la mujer destaca “la amabilidad y diligencia” de todos los funcionarios que les han atendido en la Seguridad Social, Estadística, Ministerio de Justicia, Agencia Tributaria, y la oficina de DNI y pasaportes de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, pero también las denuncias públicas y quejas oficiales que ha presentado.
Una de ellas, ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en la que solicita que se averigüe lo ocurrido y se depuren responsabilidades que en derecho procedan en aras al correcto funcionamiento de la Administración Pública y se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones legales estime pertinentes.
El error del Registro Civil, que fue detectado por la funeraria al día siguiente, ha provocado que esta mujer melillense, de 86 años, haya sido dada de baja de oficio en todos los organismos públicos, entre ellos la Seguridad Social y la Policía Nacional, por lo que dejó de percibir su pensión y su DNI quedó sin validez.
Todo ello, según explicó Florensa, ha provocado “un verdadero calvario administrativo” que se une “al dolor de la pérdida de un familiar”, ya que han tenido que ser ellos mismos quienes han tenido que ir reparando esta situación ante los diferentes organismos públicos con una fe de vida.
También ha dado a conocer su caso a través de los medios de comunicación, logrando una importante repercusión a nivel local, nacional e incluso internacional.
Juan José Florensa escribió una carta pública de la que El Faro se hizo eco para dar a conocer lo sucedido y lamentar que tenga que ser la familia afectada la que repare la situación, con el “calvario administrativo” que ello supone, añadido al dolor de la pérdida de un ser querido, en ese caso su hermano.
En su escrito, también quiso agradecer “la encomiable gestión” del personal de la oficina del DNI de Melilla para renovar el documento de su madre, que tenía previsto viajar en avión a Madrid poco después de lo sucedido, lo que no hubiera sido posible sin su documentación en vigor al estar inscrita, erróneamente, como fallecida.
