La titular de Bienestar Social afirma que aún está sólo imputada y anuncia que recurrirá la decisión del juez.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha abierto un procedimiento abreviado contra la consejera de Bienestar Social de Melilla, María Antonia Garbín, y contra 14 técnicos de dicha Consejería por un presunto delito de prevaricación administrativa por la contratación de cuatro abogados. Según explicó la propia consejera, el auto determina la transformación de las diligencias previas del conocido ‘Caso Abogados’, en un procedimiento abreviado, pero aún no se puede hablar de apertura de juicio, habida cuenta de que cabe la posibilidad de recurrir la decisión judicial. En declaraciones a la emisora Onda Cero Melilla, Garbín insistió en que tras el auto judicial su situación no varía, es decir, sigue estando imputada.
Garbín informó de que los servicios jurídicos están trabajando en el recurso de reforma al que, en caso de ser rechazado, seguiría uno de apelación ante la Audiencia Provincial, hasta agotar las vías posibles.
“No estamos hablando de un auto de apertura de juicio oral”, remarcó la consejera, quien expresó su respeto a la justicia, precisando que, en cualquier caso, la cuestión analizada es un tema administrativo, pero no penal. Además de la consejera, están imputados en el procedimiento cuatro secretarios técnicos, seis directores generales y cuatro asesores jurídicos.
Garbín recalcó que las contrataciones de los abogados que han dado pie al procedimiento se realizaron en 1998, mucho antes de que ella asumiera la responsabilidad política de la Consejería, algo que hizo en 2003. No obstante, la consejera consideró que dichas contrataciones se realizaron de “forma correcta”.
La “sentencia” de PPL
Además, la titular de Bienestar Social expresó su sorpresa por el hecho de que el partido Populares en Libertad (PPL) esté sentenciando antes que la propia justicia, sobre todo teniendo en cuenta que su actual presidente, Ignacio Velázquez, era consejero de Presidencia en el año 2000, cuando se hicieron los contratos cuestionados.
De la investigación del ‘Caso Abogados’ en la que está imputada Garbín, cuatro abogados y funcionarios de la Consejería de Bienestar Social, se originó la pieza separada relativa al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, quien declaró por este caso en el Tribunal Supremo el pasado día 11, al que se le imputa también un delito de prevaricación administrativa por la contratación de un abogado.
Por otra parte, el número dos del Ejecutivo autonómico, Miguel Marín, se encuentra en una situación parecida pero, en su caso, por la contratación de un arquitecto.
La declaración de Garbín ante el juez
La consejera de Bienestar Social, Mª Antonia Garbín, prestó declaración el pasado mes de septiembre de 2014 ante el juez por el ‘Caso Abogados’. En declaraciones a El Faro tras el interrogatorio, Garbín dijo estar “convencida total y plenamente” de que no existe ninguna irregularidad administrativa “y menos de carácter penal” en las contrataciones a abogados externos que están siendo investigadas.
El mismo día también declararon el ex interventor de la Ciudad, Francisco Platero, y cuatro abogados melillenses, igualmente implicados en la causa judicial. Ese día Platero abandonó los juzgados sin hacer declaraciones a los medios de comunicación. Por el contrario, Garbín insistió en que declaró ante el juez “con toda tranquilidad” y que respondió a todas las preguntas que éste le formuló. Por último, la consejera dijo confiar en un “pronto esclarecimiento” del caso, pues insistió en que su actuación se ajustó a la legalidad. “Mi actuación fue conforme a derecho, al igual que el proceder de los técnicos de la Administración”, concluyó Garbín.
