EN el año 1992, Marruecos y España firmaron un acuerdo de readmisión de migrantes que en la práctica reviste de legalidad las conocidas como ‘devoluciones en caliente’. Ese convenio no entró en vigor hasta diez años después de su firma. Sin embargo, con anterioridad a diciembre de 2012, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ya se usaba y bastante.
Así, por ejemplo, el tratado hispano-marroquí de readmisión de migrantes se aplicó en contadas ocasiones durante el Gobierno de Felipe González y algo más en el primer mandato de José María Aznar. Luego tuvo un parón entre 1998 y 2004, principalmente porque Marruecos exigía que se demostrara que el migrante que llegaba a Canarias salía de su territorio. Y eso es casi imposible de probar porque evidentemente no queda registrada la salida en ningún documento oficial.
Hasta 2004 las devoluciones en caliente apenas sobrepasaban el centenar de migrantes entregados a Marruecos. Pero a partir de 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy convirtió el acuerdo de readmisión en el comodín de la llamada. Se usó principalmente cada vez que llegaba una patera a una de las islas y peñones españoles cercanos a territorio marroquí. También se mal usó hasta el cansancio durante los saltos a la valla.
Por esa época surgieron teorías locas por parte de miembros de las Fuerzas de Seguridad y el Gobierno que llegaron a defender que la valla no era territorio español.
España no se cortaba un pelo para echar a Marruecos a quienes intentaban saltar la valla. Lo hizo hasta que fue pillada en un vídeo en el que dos migrantes fueron devueltos presuntamente saltándose la ley y los tratados internacionales firmados por nuestro país.
El caso está todavía en Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos deberá revisar la apelación de España, que se niega a indemnizar a los dos migrantes expulsados a Marruecos sin identificar con 5.000 euros a cada uno, no porque le salga cara su compensación sino porque de aceptar la condena estaría admitiendo que se saltó la ley a sabiendas de que se la estaba saltando.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2016 le dio un tirón de orejas a Marruecos por colaborar con las devoluciones en caliente y colectivas en las fronteras de Melilla y Ceuta.
Pero Marruecos no atendió a razones. Para el Gobierno del país vecino la inmigración es una forma más de hacer caja. Si Europa paga, ellos taponan la frontera.
España, por su parte, lejos de rectificar, legalizó las devoluciones en caliente en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, de 2015, que Pedro Sánchez se comprometió a derogar cuando estaba en la oposición y que, una vez en el Gobierno, terminó usando en una nueva modalidad: devolviendo grupos de migrantes entrados por tierra a Melilla y Ceuta en 2018. Fue más allá que Rajoy. En poco menos de ocho meses se cubrió de gloria.
Con la sentencia de Estrasburgo pendiente de salir, conocemos ahora una resolución del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que ha dictaminado que España vulneró en 2014 los derechos de un menor, que ya es mayor de edad y trabaja en Madrid, al expulsarlo a Marruecos.
La justicia es lenta. Cinco años después de la expulsión de ese niño por la valla de Melilla, la ONU le pega un tirón de orejas a España. Los informes no son vinculantes, pero la vergüenza sí lo es.
Eso ocurrió en los años grises en los que el caciquismo campaba a sus anchas por estos lares y en los que los derechos humanos eran una invención de un grupo de ‘rojos de mierda’. Ahora la ONU les da la razón y señala a España gracias al vandalismo de aquellos ‘héroes’ que ordenaban actuar al margen de la legalidad.
