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Inicio » Economía, Empleo y Turismo

El CERMI se congratula por la próxima entrada en vigor de Ley Audiovisual

por Redacción El Faro
07/04/2010 20:38 CEST
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Destaca que es un  avance para que personas con discapacidad ejerzan sus derecho.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) destacó el avance que supone la  Ley General de la Comunicación Audiovisual que entrará en vigor el próximo 1 de mayo y que a su juicio, “servirá para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos también en el ámbito audiovisual”.
Según señala el CERMI en una nota de prensa, es la primera vez que la legislación española incorpora obligaciones en materia de accesibilidad audiovisual, con carácter general, “con lo que se colma en buena parte la orfandad normativa que existía en nuestro país en la materia”.
El Comité reconoce que los deberes impuestos finalmente a los operadores audiovisuales “distan de los reclamados por el CERMI”. Por ello, subraya que hay que valorar esta regulación como un avance de consideración, “que habrá que ampliar y perfeccionar en el futuro”.
 La norma fija a los operadores unas obligaciones progresivas hasta 2013 en materia de subtitulación, audiodescripción y emisión en lengua de signos.
En relación con el subtitulado, por ejemplo, las televisiones de servicio público tendrán que llegar al 90 por ciento de toda la programación en 2013, y las de ámbito estatal, al 75 por ciento en esa fecha.
Con la Ley Audiovisual, las exigencias de accesibilidad se extienden a todas las televisiones que tengan la consideración de servicio público, así como a todas las de ámbito estatal.
La norma recoge igualmente las sanciones por infracción grave y muy grave de los deberes de accesibilidad previstos, que pueden alcanzar el millón de euros de multa.
Por último, se establecen los plazos y el calendario previstos para implantar los servicios de apoyo a las personas con discapacidad.
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España y entre sus objetivos figura conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.

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