El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha aprobado la creación de dos nuevos órganos en la estructura del Gobierno de Melilla: la Consejería de Fomento Universitario e Investigación y la Viceconsejería de Seguridad Ciudadana. La medida se recoge en el Decreto número 294, firmado el 17 de julio y publicado este martes en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME), y entra en vigor el mismo día de su publicación.
Con esta modificación, la Administración de la Ciudad pasa a contar con nueve consejerías, una más que hasta ahora. La nueva Consejería de Fomento Universitario e Investigación se convierte en el noveno departamento del Gobierno local y asumirá la dirección política, planificación e impulso de las políticas relacionadas con la educación universitaria, la cooperación con las universidades, las ayudas al alumnado, la implantación de nuevas titulaciones, las infraestructuras docentes y la investigación académica.
Según recoge el propio decreto, la creación de este departamento responde a la evolución de la política universitaria en la ciudad, a la ampliación progresiva de la oferta académica y a la necesidad de reforzar la interlocución institucional con las universidades. El texto señala que concentrar estas competencias en una consejería propia permitirá una dirección política diferenciada y evitará la dispersión de actuaciones en esta materia.
Por su parte, la Viceconsejería de Seguridad Ciudadana queda adscrita a la Consejería de Seguridad Ciudadana, bajo dependencia directa de su titular. Este nuevo cargo ejercerá funciones de apoyo, asistencia, coordinación y seguimiento, además de las competencias que le sean delegadas, y podrá sustituir al consejero en los términos previstos en el Reglamento del Gobierno y de la Administración. El decreto justifica su creación por la dimensión organizativa de esta consejería, que engloba áreas como la Policía Local, el tráfico, la extinción de incendios, el salvamento, la protección civil y la coordinación de emergencias.
El decreto precisa que el reparto detallado de competencias de la nueva consejería, así como la estructura administrativa y el encaje definitivo de la nueva viceconsejería, se fijarán en una posterior modificación del Decreto de distribución de competencias entre consejerías, que deberá aprobar el Consejo de Gobierno a propuesta del presidente. Hasta que esa modificación entre en vigor, los asuntos universitarios seguirán siendo tramitados por los órganos que ya los gestionan actualmente.
El texto añade que la consejería competente en función pública deberá adecuar la plantilla y la relación de puestos de trabajo a la nueva estructura, mientras que la Consejería de Hacienda realizará los ajustes presupuestarios necesarios para hacer efectiva la reorganización. El decreto se dará cuenta a la Asamblea de la Ciudad Autónoma, tal y como establece el Reglamento del Gobierno y de la Administración.
Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes del Gobierno de Imbroda y del Partido Popular para conocer más detalles sobre el reparto de competencias y los nombramientos previstos para ambos órganos, si bien ninguna de ellas ha querido facilitar información adicional al respecto.
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