Alega que seguirá en su línea y fiel a su testimonio inicial, pero que necesita conocer todos los detalles del sumario. Nordin Abdel-lah, el exempleado del Partido Socialista que se autoinculpó en la causa abierta por presunto fraude electoral en las Generales de 2008, se acogió ayer a su derecho a no declarar, en la citación “en contradicción” que le realizó el juez instructor del proceso.
Según manifestó a este Diario, Abdel-lah alegó que no ha podido conocer el contenido exacto del sumario por lo que solicitó al juez la oportunidad de una nueva declaración cuando se dé por enterado de cuanto aparece en el mismo expediente. “No voy a variar en mi línea, pienso seguir siendo fiel a lo que he dicho desde un principio, pero antes de testificar de nuevo quiero saber cuánto se ha dicho de mí en el procedimiento”, aseguró Nordín Abdel-lah en declaraciones a ‘El Faro’.
Pieza clave
Nordin Abdel-lah ha sido acusado por el Partido Socialista de convertirse en la pieza clave de la denuncia que presentó el PP tras la emisión de cartas ‘falsas’ en las que se prometía a cientos de parados trabajo en los Planes de Empleo que gestiona la Delegación del Gobierno.
Desde hace una semana, el único autoinculpado en el proceso, cuenta con protección policial por decisión del juez instructor de la causa.
Según ha denunciado Nordín Abel-lah, desde que presentara una declaración jurada en octubre de 2009, autoinculpándose en el procedimiento, no ha parado de recibir amenazas e incluso intentos de soborno. Las amenazas, que en muchos casos le llegan con la frase ‘Calla o muere’, se suceden a través de llamadas anónimas a su teléfono móvil o en forma de advertencia por parte de emboscados que así se lo vociferan camuflados en vehículos que pasan ante su vivienda familiar. Según asegura, las mismas se han intensificado desde que ratificase su testimonio ante el juez instructor de la causa.
Nordín Abdel-lah es uno de los 27 imputados en el mismo procedimiento y según manifestó ayer a ‘El Faro’ las amenazas e intentos de soborno no han dejado de perseguir, desde un principio, que se desdijera de sus afirmaciones.
En su autoinculpación, Abdel-lah reconoce que “manipuló votos” a favor del PSME-PSOE, partido que en las Generales de 2008 concurrió junto con CpM en una candidatura única con la que logró acortar notablemente sus diferencias con el Partido Popular, nuevamente vencedor de los comicios generales en Melilla como viene sucediendo desde los comicios del 89, que por demás acabaron repitiéndose en nuestra circunscripción.
La declaración en contradicción que ayer pretendía realizarle el juez competente en la causa suponía enfrentarlo a las manifestaciones contrarias a sus afirmaciones realizadas por testigos o imputados a los que igualmente se ha tomado testimonio en el mismo proceso
El ‘macroproceso’, como ya se la ha venido a llamar periodísticamente, tiene muchos nombres. Para el PSOE es el ‘caso de las escuchas’, por la intervención de teléfonos varios y móviles de dirigentes de PSOE y CpM; para el PP, es el caso del presunto fraude en el voto por correo y Planes de Empleo.
27 imputados
En total son 27 los imputados, entre los que se incluyen siete dirigentes de la actual ejecutiva regional del PSME-PSOE, tres de la ejecutiva de Juventudes Socialistas de Melilla, dos exdirigentes de la misma, el presidente de CpM, sus más directos familiares (esposa y dos hijas y una hermana), una empleada de CpM en el año 2008, y varios simpatizantes y militantes de la coalición CpM-PSOE.
Además de la imputación de delito electoral continuado, coincidente para todos los citados, que deberán comparecer en el juzgado entre los días 8 y 11 de marzo, se imputa la presunta implicación en varios tipos más de delitos electorales a Muñoz, Aberchán y Azmani, y uno más tan sólo, pero también de tipo electoral, a la diputada en la Asamblea de Melilla y secretaria de Igualdad del PSME-PSOE, Celia Sarompas, y al exvicesecretario general del mismo partido y actual secretario general de la UGT melillense, Alonso Díaz.
Además, a Muñoz, Aberchán, Amín Azmani, y el secretario de Organización de JJ.SS., Sergio Martínez, y la adjunta de éste, Eman Mohamed Mohamed, también se les imputa un presunto delito de falsedad documental de los previstos en el Código Penal.
Igualmente, en el auto se da traslado al Fiscal de la investigación judicial y policial realizada para que se pronuncie sobre la posibilidad de imputar a Aberchán, Muñoz y el abogado de CpM en un presunto delito de obstrucción a la Justicia.
El origen del procedimiento se remonta a unas diligencias previas abiertas en marzo de 2008 para investigar un supuesto delito electoral, ampliado posteriormente a un delito contra la Administración Pública.
El juez considera que la investigación realizada a raíz de este hecho ha puesto de manifiesto, indiciariamente, la existencia de un "entramado" conformado por diversas personas que han pretendido la "obtención ilegítima" de votos a favor de la coalición CpM-PSOE, incumpliendo los trámites establecidos para el voto por correo y que comprende distintas fases.
Estas fases van desde la solicitud del voto mediante "dádivas, promesas o remuneraciones directas", consistente en la promesa o concesión de un puesto de trabajo en los Planes de Empleo dependientes de la Delegación del Gobierno; el incumplimiento de los trámites establecidos para el voto por correo mediante su "manipulación directa" o la remisión de cartas falsas como efecto llamada o en confirmación de las promesas realizadas.
Asimismo, el auto hace referencia a la "alteración o incumplimiento" de los criterios establecidos para la atribución de puestos de trabajo de los citados planes, con objeto de dar "preferencia" a las personas que votaron a CPM-PSOE o que prestaron servicios para dicha coalición. No obstante, advierte que esta fase aún está en investigación y que, por ello, no se han realizado aún ninguna imputación a este respecto.
