El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla ha hecho público un contundente comunicado en el que denuncia el colapso que sufre por la falta de personal y medios materiales para atender los casos de violencia de género, área que gestiona de manera exclusiva en toda la Ciudad Autónoma. Este órgano judicial mixto, que también mantiene su carga ordinaria de trabajo, asegura estar al borde del límite operativo y señala directamente a las instituciones competentes por su inacción ante una situación que consideran “crítica e insostenible”.
En su nota oficial, el juzgado denuncia que, pese a las reiteradas llamadas de atención realizadas durante los últimos años, ni el Ministerio de Justicia, ni la Delegación del Gobierno, ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ni el Gobierno local, ni el Observatorio contra la Violencia de Género han adoptado medida alguna para reforzar los recursos del órgano. “No se ha articulado ningún plan de refuerzo, ni estructural ni temporal, que nos permita cumplir con la función esencial de proteger a las víctimas y garantizar una justicia eficaz”, afirma el texto.
La indignación se ha disparado tras conocerse que el Ministerio de Justicia ha creado recientemente 75 nuevas plazas destinadas a mejorar la atención judicial en violencia de género en toda España, excluyendo completamente a Melilla de esta distribución. Según el juzgado, esta omisión resulta especialmente grave teniendo en cuenta que el partido judicial de Melilla supera en carga de trabajo a muchas de las zonas donde sí se han asignado refuerzos.
Desde el órgano judicial se ha señalado que este reparto desigual evidencia un trato discriminatorio hacia la Ciudad Autónoma, cuyos profesionales se ven obligados a trabajar en condiciones extremas, sin los apoyos necesarios ni previsiones de mejora. “Es inadmisible que se nos excluya cuando los datos muestran claramente que el volumen de trabajo en Melilla justifica sobradamente una dotación específica”, expresan.
En paralelo, el juzgado recuerda que la presión asistencial no ha hecho más que aumentar a raíz de las últimas reformas legales en materia de protección de víctimas de violencia de género, que amplían las obligaciones procesales y refuerzan las garantías para las personas en situación de especial vulnerabilidad. Sin embargo, esta mayor exigencia normativa no ha venido acompañada de los recursos humanos y materiales que permitan implementarla con garantías.
Según datos publicados por El Faro de Melilla en semanas anteriores, distintos actores de la judicatura local ya habían expresado su preocupación por la falta de medios para aplicar las nuevas normas en materia de violencia machista. Esta nueva denuncia institucional del Juzgado número 4 da voz oficial al malestar generalizado entre jueces, fiscales y personal judicial que, desde hace meses, alertan del riesgo de colapso estructural.
El comunicado enfatiza que el colapso actual no solo compromete la celeridad en la tramitación de los procedimientos, sino que pone en peligro la integridad del sistema judicial y deja en una situación de gran vulnerabilidad a las mujeres y menores víctimas. “No se puede garantizar una tutela judicial efectiva cuando quienes deben proteger y juzgar trabajan desbordados”, alertan.
El Juzgado número 4 reclama con urgencia una actuación inmediata por parte de todas las instituciones implicadas. “La protección de las víctimas de violencia de género no puede depender de la entrega personal ni del voluntarismo de los equipos judiciales; debe ser respaldada con medios reales y suficientes”, añade la nota.
Desde el órgano judicial se exige que Melilla sea incluida en los próximos planes de refuerzo y se proceda a dotar al juzgado con más personal, infraestructura y apoyo técnico, en consonancia con la realidad y necesidades del territorio. Igualmente, se hace un llamado a la ciudadanía y a los colectivos sociales a tomar conciencia de la situación crítica que atraviesa el sistema judicial en la ciudad en materia de violencia de género.
La nota concluye recordando que se trata de una cuestión que afecta directamente a los derechos fundamentales de mujeres y menores, y que cualquier demora en la respuesta institucional puede tener consecuencias irreversibles.
