El Gobierno de Melilla ha sacado a concurso la gestión del servicio de funcionamiento del Centro de Día destinado a la ejecución de medidas judiciales de menores infractores y a la atención de jóvenes en riesgo de exclusión social. El contrato, impulsado por la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública, cuenta con un presupuesto de 711.000 euros y tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de ampliarlo durante otros 12 meses.
El servicio tiene como finalidad ofrecer un espacio educativo y de intervención socioeducativa a quienes hayan sido objeto de medidas judiciales no privativas de libertad dictadas por el Juzgado de Menores, así como a aquellos que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y sean derivados por la Administración autonómica.
El Centro de Día constituye un recurso para desarrollar las resoluciones judiciales en medio abierto, de acuerdo con las competencias que corresponden a la Ciudad. Su funcionamiento se basa en la intervención educativa y formativa, con el objetivo de que los jóvenes puedan asumir la responsabilidad por los hechos cometidos y adquirir herramientas personales y sociales que favorezcan su integración.
La previsión recogida en la documentación del contrato es atender a un máximo de 75 residentes, distribuidos preferentemente en cinco grupos, de los que tres serán de 15 participantes en horario de mañana y otros dos, también de 15, por la tarde. La organización de se adaptará a los diferentes talleres, programas y aulas disponibles, teniendo en cuenta las características y necesidades de cada usuario y las medidas judiciales que tenga que cumplir.
Los destinatarios serán principalmente menores y adolescentes de entre 14 y 18 años, así como jóvenes de hasta 21 años a los que se les haya impuesto alguna medida judicial no privativa de libertad. También podrán participar quienes se encuentren en riesgo de exclusión social y aquellos en acogimiento residencial, estén o no tutelados desde el ámbito de lo público.
Formación, convivencia e integración laboral
La intervención que se desarrollará en el Centro de Día de Melilla estará orientada a facilitar la reinserción de los menores en los ámbitos escolar, laboral, social y familiar, además de compensar las posibles carencias de sus entornos de convivencia. Para ello, el proyecto contempla diferentes áreas de trabajo que abarcan desde el desarrollo personal y las habilidades sociales hasta la formación académica y la capacitación para acceder al mercado laboral.
Entre las actuaciones previstas figura el desarrollo de actividades educativas compensatorias y de apoyo escolar, con especial atención a la adquisición de hábitos de estudio, el aprendizaje de técnicas de trabajo intelectual y la organización del tiempo. También se trabajará en el ámbito de las relaciones personales y la convivencia, favoreciendo que los participantes puedan desarrollar su identidad, mejorar sus relaciones con los demás y adquirir pautas adecuadas de comportamiento.
Otra de las líneas de intervención será la capacitación sociolaboral, que incluirá programas de formación y orientación para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. En este apartado se contempla específicamente el aprendizaje de oficios, entre ellos la carpintería de madera, como herramienta para adquirir conocimientos prácticos y mejorar las posibilidades de inserción laboral.
El programa incorporará igualmente actividades para estructurar el ocio y el tiempo libre, así como actuaciones relacionadas con la educación para la salud. Estas últimas estarán dirigidas a fomentar hábitos de autocuidado y estilos de vida saludables, incluyendo contenidos de educación sexual y prevención de las drogodependencias y de enfermedades. La empresa que resulte adjudicataria deberá disponer de programas de apoyo escolar y alfabetización, habilidades sociales, formación y orientación laboral, educación en valores y prevención de la violencia, educación para la salud, educación sexual y educación vial.
Atención a distintas medidas judiciales
Aunque el complejo asistencial está concebido principalmente como el espacio de referencia para los menores a los que el Juzgado imponga la medida de asistencia a este recurso, sus actividades también servirán para complementar otras intervenciones contempladas en la legislación de responsabilidad penal del menor.
Así, podrán desarrollarse actuaciones específicas vinculadas a las medidas de realización de tareas socioeducativas, así como contenidos relacionados con la libertad vigilada cuando la resolución judicial o el programa individual de ejecución establezca la asistencia a determinadas actividades. El servicio también podrá complementar las medidas de convivencia con un grupo educativo y desarrollar acciones propuestas por la Administración en los procedimientos de soluciones extrajudiciales.
La filosofía de este recurso es que el cumplimiento de una medida judicial no se limite a una actuación de carácter sancionador, sino que permita al menor comprender las consecuencias de sus actos y disponer de oportunidades para modificar aquellas conductas o circunstancias que hayan podido favorecer su implicación en actividades delictivas. Para ello, se trabajará en la adquisición de valores, capacidades y mecanismos que contribuyan a su desarrollo personal.
Instalaciones en Monte María Cristina
Las actividades se llevarán a cabo en las aulas situadas en las instalaciones de Talleres de Oficios, concretamente en la Nave número 6 del Monte María Cristina, un espacio que la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública tiene en régimen de alquiler. El Centro de Día tendrá un horario amplio y continuado durante la jornada, de lunes a viernes, además de los sábados por la mañana. La programación deberá ofrecer suficiente flexibilidad para organizar las actividades de manera individualizada, en función de la edad, las circunstancias personales y las necesidades educativas de cada menor.
Aunque la mayor parte de los proyectos individuales se desarrollarán en las propias instalaciones, la intervención podrá completarse con actividades en otros espacios cuando formen parte de un programa educativo integrado. En estos casos, deberá garantizarse la coordinación con los servicios comunitarios y, especialmente, con la Jefatura de Sección de Medidas Judiciales, dependiente de la Dirección General del Menor y la Familia.
De esta manera, el contrato pretende dar continuidad a un recurso de intervención socioeducativa que combina el cumplimiento de las resoluciones judiciales con la atención a jóvenes que presentan dificultades de integración social, educativa o familiar.
