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Recuerda que sólo el 10% de los delitos cometidos por menores en 2016 fueron responsabilidad de menas
El consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, ha pedido hoy que no se criminalice a los menores extranjeros no acompañados que viven en la calle en la ciudad, tras una serie de comentarios en redes sociales que una asociación ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.
La Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) ha presentado en la Fiscalía de Menores de Melilla un escrito en el que denuncia que un grupo denominado Opinión Popular en la red social Facebook incita a la violencia contra estos menores, quienes aseguran haber sufrido agresiones por parte de "encapuchados".
Daniel Ventura, en rueda de prensa, ha asegurado que "no es justo que se criminalice ni a este colectivo ni a cualquier otro", a la vez que ha reclamado que no se utilicen las redes sociales para fomentar "la inseguridad".
Ventura ha afirmado que la ciudad atiende en la actualidad a unos 550 menores acogidos, de los cerca de 1.400 que el año pasado pasaron por sus centros de acogida y tutela, tanto españoles como extranjeros.
Al respecto, ha destacado que solo el 10 por ciento de delitos denunciados el año pasado en Melilla corresponden a menores extranjeros no acompañados, por conductas individuales que a su juicio no se pueden generalizar a todos los niños de la calle.
El centro de acogida de la Purísima, ha explicado, está diseñado para unas cuarenta plazas pero tiene actualmente unos 140 residentes, e incluso llega a alcanzar los 170 en algunas ocasiones, porque "no pueden pasar a otro sitio y se tienen que quedar".
La ciudad, ha añadido, carece de "más centros y espacio" para estos menores, pero aún así atiende "a muchos más de los que puede acoger", aunque algunos prefieren permanecer de forma voluntaria en la calle.
El presidente de Melilla, el popular Juan José Imbroda, reclamó ayer en la Conferencia de Presidentes que se tenga en cuenta la presión migratoria en la ciudad y advirtió de que el vecino Marruecos no se hace cargo de estos menores pese a existir un acuerdo bilateral con España para su readmisión.
