El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer miércoles 14 de octubre la reforma de la Ley General Penitenciaria que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una histórica demanda del colectivo que entrará en vigor este mismo jueves.
Desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) han valorado esta reforma, recalcando que los funcionarios necesitaban que se reconociera su trabajo, dándoles "el respeto que merecen".
"La verdad es que nos hacía falta el respeto a un cuerpo que no se le reconoce su trabajo y que hemos tenido que aguantar bastante tiempo para ser respetados".
Por lo pronto, desde este sindicato dicen esperar que este reconocimiento no se quede únicamente sobre el papel y que no se repitan situaciones en las que, según denuncian, se han ocultado agresiones para evitar que salgan a la luz las "deficiencias en la gestión" y la "falta de protección" de los trabajadores por parte de la dirección del Centro Penitenciario de Melilla.
"Un trabajo que no ha sido bien mirado ni reconocido y que siempre nos han tratado de lado, para tener que aguantar lo peor de la sociedad sin ningún reconocimiento hasta ahora".
En este sentido, la APFP confía en que esta medida marque un antes y un después y contribuya a acabar con las políticas de "buenismo" a la hora de responder a una agresión en el centro penitenciario.
Por ello, demandan que el reconocimiento de agentes de autoridad se traduzca en una protección efectiva, en respaldo institucional y en medidas concretas para que los funcionarios puedan ejercer su trabajo con seguridad y dignidad.
"En este sindicato nos manifestaremos ante las agresiones y la falta de dejadez por parte de los directores y que cumplan con la defensa de los derechos de los funcionarios, ya que muchas veces no lo hacen".
Reforma
El pleno del Senado aprobó el pasado 30 de septiembre la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones por una amplia mayoría, tras un acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE.
Tras cuatro intentos fallidos en los últimos ocho años, una amplia mayoría parlamentaria aprobó la modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979 que aumenta las garantías jurídicas de los trabajadores penitenciarios, tanto de sus funcionarios como del personal laboral.
Con esta reforma se modifican dos apartados del artículo 80 de la ley y se añaden otros tres, de forma que, al reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad, se añade protección jurídica a sus actuaciones.
Así, su testimonio tendrá valor probatorio preferente en los procedimientos judiciales frente a las agresiones, se endurecen las penas para aquellos internos que cometan atentado contra la autoridad y se incluye el derecho a indemnización por daños personales o materiales sufridos en el ejercicio de sus funciones.
Como agentes de la autoridad, y en caso de ingresar en prisión, estos funcionarios serán separados del resto de reclusos en los centros penitenciarios y en los traslados, y tanto estos trabajadores como el personal laboral recibirán formación específica teórica y práctica obligatoria.
