El portavoz apunta que la resolución presenta “errores de bulto” y que están estudiando recurrirla.
El Gobierno local considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que da a la Ciudad Autónoma un plazo de cuatro meses para establecer un salario al diputado de Populares en Libertad (PPL) Julio Liarte, “contiene errores de bulto”. El portavoz del Ejecutivo local, Daniel Conesa, señaló ayer en rueda de prensa que la resolución judicial “se equivoca” en aspectos fundamentales y que los asesores jurídicos de la Ciudad se encuentran estudiándola para determinar cómo la aplican o si deciden recurrir al Tribunal Supremo.
En caso de que la Ciudad Autónoma ejecute la sentencia, el Pleno de la Asamblea debería aprobar un cuadro salarial para los diputados, según Conesa.
“Hay que pensar las cosas antes de decirlas”, apuntilló el portavoz en alusión al líder de PPL, Ignacio Velázquez, quien el pasado viernes aplaudió la decisión del TSJA. “Debería meditar antes de hablar. La sentencia no es tan buena para Julio Liarte como la han querido presentar desde su partido”. El portavoz del Gobierno apuntó que el juez indica en la resolución del TSJA que “se desestima la pretensión de Liarte, en el sentido de que éste pidió que se le fijara una retribución económica equivalente al sueldo que percibía como técnico de Fondos Europeos”.
Diputados sin salario
En este sentido, Conesa remarcó que la sentencia dice que “la demanda de Liarte no puede ser atendida”. De igual modo, destacó el párrafo que indica que “al Tribunal no le corresponde señalar la cuantía reclamada, pues una cosa es la demanda de una situación jurídica individualizada, que exigiría al Tribunal desarrollar lo previsto en el artículo 15 de la Asamblea de Melilla, lo cual no es posible al competer a la Ciudad Autónoma, y otra que se marque una indemnización concreta, lo cual exigiría previamente el incumplimiento de la obligación anterior”.
El portavoz afirmó que la sentencia estima parcialmente el recurso de Liarte y le reconoce su derecho a ser retribuido por su condición de diputado, debiendo la Asamblea fijarle un salario en el plazo de cuatro meses. No obstante, subrayó que se ha hecho un primer estudio del texto y “contiene importantes errores”.
Entre los fallos que Conesa asegura que el Ejecutivo ha detectado se encuentran algunas alusiones “erróneas” al artículo 15.1.d del Reglamento, que establece las retribuciones para los diputados de la Asamblea. “La sentencia dice que la voluntad del legislador, es decir, la Asamblea, es la de reconocer el derecho de todos los diputados a percibir una remuneración, ya que de lo contrario se permitiría una desigualdad injustificada. Pues bien, aquí el Tribunal se equivoca completamente, pues los diputados de Melilla no reciben retribución alguna”, detalló. Hay que recordar que sí perciben dietas y compensaciones por asistencia a plenos, comisiones y consejos de administración.
Otros casos
Asimismo, remarcó que en la Ciudad Autónoma se han producido casos parecidos al de Liarte y nunca se les ha dado salario alguno, incluidos miembros del Grupo Popular.
“El Tribunal se equivoca. No hay desigualdad de ningún tipo porque los diputados no cobran sueldo. Si se ejecuta la sentencia, que habrá que ver cómo lo hacemos, es posible que haya que fijar una retribución para todos los diputados”, apuntó.
En este sentido, detalló que sería el Pleno de la Asamblea el que debería decir qué salario corresponde a los diputados. “La sentencia se basa en algo que es falso y nos ha creado un problema”, subrayó Conesa. Además, señaló que al ejecutar la resolución judicial habría que determinar también el régimen y la modalidad para percibir dicho sueldo. “Se trata de un asunto muy complejo y que nos causa muchas dudas. Hay un cúmulo de circunstancias que no tenemos nada claras”, insistió.
En la misma línea, apuntó que la cuestión se reduce “a una interpretación de normas” que ha llevado a la administración local a tener dudas sobre cómo encajar esta resolución.
